La «financiación singular» pactada hace casi un año entre Esquerra y el PSC a cambio de la investidura de Salvador Illa debería comenzar a dibujarse este lunes, en la reunión bilateral entre el gobierno catalán y el español, un encuentro que se celebrará en el Palau de la Generalitat 14 días después del fin del plazo establecido en el acuerdo firmado entre los dos partidos. La reunión debe servir para elevar el acuerdo a pacto «bilateral» entre los dos ejecutivos, ambos socialistas. Se llega a ella después de que esta semana se haya acordado la hoja de ruta para que Cataluña recaude todos los impuestos de forma gradual. De hecho, este acuerdo, por una parte, se cerrará en la bilateral del lunes. Y además, ERC y PSOE llevarán una proposición de ley al Congreso para introducir cambios en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y certificar la delegación a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) de la recaudación del IRPF, pero también de otros impuestos menores como el del IVA de las pymes o el de matriculación. Aun así, este acuerdo necesitará recibir el visto bueno de los socios parlamentarios del ejecutivo en la cámara baja, una cuestión que por ahora no está garantizada porque, por ejemplo, Més Compromís, que ahora está en el Grupo Mixto, ya advirtió que no apoyaría la reforma si no se ofrecía a la Comunidad Valenciana una nueva financiación.
El pacto, que se está terminando de ultimar, es la vía que han encontrado ambos ejecutivos para materializar los acuerdos sobre la nueva financiación. Además, el texto hará referencia explícita al principio de ordinalidad, una cláusula que debe garantizar que el reequilibrio territorial no deje a las comunidades con más recaudación por debajo de las que recaudan menos, como sucede ahora con Cataluña. Actualmente, hay comunidades como Extremadura, Asturias y La Rioja, entre otras, que están sobrefinanciadas mientras que Cataluña sufre un déficit fiscal crónico. De hecho, la ordinalidad era una de las líneas rojas marcadas por los republicanos en el nuevo modelo de financiación, que no será equiparable al concierto económico del País Vasco y Navarra –aunque ERC utilizó este concepto cuando anunció el preacuerdo para la investidura de Illa– porque el acuerdo entre ambas formaciones no contempla una salida del régimen común.
A pesar de ello, fuentes del Gobierno y del Departamento de Economía mantienen silencio sobre las perspectivas que tienen de cara a la reunión del lunes, que debería servir para dar un impulso político a la nueva financiación para Cataluña. Lo hacen, dicen, por prudencia, pero la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, se mostró el martes «convencida» de que la reunión del lunes servirá para cerrar un acuerdo que «dará respuesta» al pacto con los republicanos. En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, aseguró que la propuesta pactada entre el Estado y la Generalitat «tendrá la base», pero no quiso dar más detalles sobre el contenido y el calendario por «prudencia». El acuerdo que se presente el lunes deberá pasar por el filtro de ERC, que ya advirtió que «no validaremos los contenidos de una Bilateral si no responde a lo que se ha trabajado y a lo que creemos que debe marcar el futuro del sistema financiero del país».
Un año de equilibrios con la singularidad del nuevo modelo
Durante este año que ha pasado desde el acuerdo entre el PSC y ERC hasta la reunión bilateral de este lunes, el tema principal de debate ha sido la singularidad del modelo con disparidad de opiniones entre los actores implicados. Los republicanos anunciaron a bombo y platillo un acuerdo con los socialistas para investir a Salvador Illa a cambio de un «concierto económico solidario», pero este término no se recogió finalmente en el acuerdo suscrito por las dos formaciones. El documento dice textualmente que las dos formaciones acuerdan «impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de la Cataluña de los 8 millones de habitantes».
A partir de aquí, se han sucedido un intercambio de opiniones entre los actores implicados en el acuerdo, y con el rechazo frontal de las once comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero también con la oposición de presidentes autonómicos socialistas como Emiliano García Page, de Castilla-La Mancha y Adrián Barbón, Asturias. Con todo, recientemente, la vicepresidenta primera del gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que será la candidata del PSOE para presidir Andalucía, ha asegurado que su comunidad no perderá recursos con el cambio de modelo porque, según defiende, el nuevo sistema para Cataluña se podrá extrapolar a todas las comunidades que así lo deseen. Es decir, se reconocerá la «singularidad» de Cataluña, pero también de las comunidades que se quieran sumar al nuevo sistema de financiación.
También se ha pronunciado en este sentido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que este mismo viernes, en una entrevista radiofónica, recordó que, al final, el modelo que cierren con la Generalitat se traducirá en una reforma del sistema de financiación de «todas las comunidades autónomas», es decir la LOFCA, que se debatirá y aprobará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y, en este sentido, ha remarcado que deberá tener en cuenta «las singularidades de todas las comunidades autónomas». «El lunes hay una reunión entre gobiernos y allí se hablará de cómo mejorar la financiación y de muchos otros temas siendo conscientes de que una reforma debe pasar por la mejora de la financiación del conjunto de las comunidades autónomas», adelantó.
De hecho, la posición que defiende el Gobierno es calcada a la del ejecutivo español. La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, manifestó recientemente que el nuevo sistema de financiación que salga de la bilateral estará “basado en los principios de solidaridad y ordinalidad”, y que será «generalizable» también a otros territorios. “El modelo que ponemos sobre la mesa es singular para Cataluña porque reconoce y financia adecuadamente sus singularidades, pero se puede extender a cualquier otra comunidad”, añadió. Una posición que de una manera u otra también acepta Esquerra Republicana, que a través de su vicesecretario de comunicación, Isaac Albert, defendió que el modelo catalán será «singular», pero admitió que puede ser extrapolable a otras comunidades autónomas. «Que el modelo de financiación sea extrapolable a otras comunidades no quiere decir que no sea singular» y añadió que «tampoco quiere decir que todas las comunidades lo abracen con las mismas ganas».
Las promesas incumplidas del pasado sobre financiación
A lo largo de los años el debate sobre el modelo de financiación siempre ha estado con mayor o menor intensidad sobre la mesa. La mejora de las finanzas de Cataluña fue una de las prioridades de los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol en los años 90, también el tripartito intentó acercarse al concierto con el nuevo Estatuto y, posteriormente, Artur Mas intentó, sin éxito, conseguir negociar el «pacto fiscal» con Mariano Rajoy en la Moncloa. Un debate que se aparcó durante más de una década porque aquel encuentro en Madrid, y el portazo del PP, que significó el punto de partida del Proceso que culminó con la consulta del Primero de Octubre.
Durante todo este tiempo se han repetido hasta el cansancio eslóganes como «la mejor financiación de la historia» o «una financiación estratosférica», que servían para definir la reforma del año 2009, con Zapatero en la Moncloa. De hecho, este es el modelo que está vigente en la actualidad y pendiente de revisión desde hace más de una década. Con modelo actual, el estado español es el encargado de recaudar el 91% de los impuestos que se pagan en Cataluña y transfiere un poco menos de la mitad, alrededor de 21.000 millones. Una situación que con el paso de los años ha provocado que Cataluña sufra un déficit fiscal crónico. Así, la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Cataluña del Parlamento concluyó que la “deuda histórica del Estado con Cataluña” es de unos 456.000 millones de euros. Ahora, queda por ver cuál es la propuesta que se presenta a raíz del acuerdo por una «financiación singular». Lo que está claro es que Cataluña permanecerá en el llamado «régimen común» junto con 14 autonomías más, Ceuta y Melilla.
