Los Sindicatos y aspirantes en el concurso de oposición de estabilización en la Generalitat denunciaban «caos» en las pruebas para conseguir una plaza de funcionario, que han tenido lugar este sábado. Con todo, la reacción política de los grupos parlamentarios opositores al Gobierno de Aragonés no se ha hecho esperar. Junts y PSC ya han pedido la comparecencia de la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, competente de este caso. En los dos casos, lo pedirán el próximo 2 de mayo.
«Follón»
En este contexto, la portavoz socialista, Alícia Romero, afirma que este «follón» no se puede volver a repetir y considera «del todo insuficientes» las explicaciones dadas por el Departamento. Así mismo, ve «muy poco serio» que el Gobierno busque desviar toda la responsabilidad hacia la empresa privada que contrató para organizar las pruebas.
En cuanto a Junts, considera que la situación «es inadmisible». Su portavoz parlamentaria, Mònica Sales, que ha acusado el Gobierno de «centrifugar responsabilidades culpando la empresa subcontratada». Sales ha defendido que es el ejecutivo que tiene que «supervisar el proceso para garantizar el correcto funcionamiento». «Se está institucionalizando la incompetencia», ha afirmado. Además de pedir la comparecencia de Vilagrà, JxCat también registrará preguntas parlamentarias para esclarecer los hechos y que «se asuman responsabilidades».
La Generalitat señala la empresa contratada
Por su parte, la Generalitat de Cataluña señala la empresa contratada para llevar a cabo las oposiciones. En declaraciones a la prensa, la secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Correa, se ha disculpado a los examinandos y ha abierto la puerta a repetir algunas de las pruebas. Aun así, lo ha condicionado a las conclusiones del informe interno que han encargado para saber qué ha fallado. «Estamos a la espera del informe jurídico, que nos indique si hay alguna vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad, y de analizar las situaciones más personales», ha dicho.
Correa ha explicado que es la primera vez que el Gobierno externaliza estas pruebas y ha indicado que habrá que hacer «una valoración jurídica de las responsabilidades contractuales» por si la empresa, Cegos, ha cometido «un incumplimiento muy grave y negligente de las cláusulas esenciales de esta contratación». Si es así, ha advertido, tendrá que afrontar «la reparación de los posibles perjuicios ocasionados». Aun así, ha justificado la apuesta por una externalización por el «volumen muy importante» de candidatos y la falta de personal de Función Pública: «Contratar una empresa es para ayudar a llevar el proceso. En ningún caso nos pensábamos que surgiría un incumplimiento y por eso somos tan contundentes», ha resumido.
De momento, el Gobierno está recogiendo información, pero ya avanza que «las incidencias, como parece a priori, pueden ser imputables a la empresa contratista», a la cual acusa de generar incluso «sufrimiento en algunas personas opositoras». «No podemos tolerar la situación», ha añadido.
Críticas de los sindicatos
CGT ha criticado la «mala gestión» y IAC-CATAC habla de «desorganización» y «incompetencia». Fuentes de este sindicato indicaban al ACN que esto se ha traducido en retrasos generalizados en la hora de empezar los exámenes o en malas condiciones para hacerlos, con los opositores prietos. Además, explican, el examen de los educadores sociales se acabó suspendiendo en Barcelona a primera hora de la tarde después de toda la mañana de incertidumbre por un problema en la hora de repartir los modelos. IAC-CATAC critica Función Pública por haber externalizado la organización de las pruebas.
Un total de 13.581 trabajadores de la Generalitat estaban convocados este sábado a las pruebas, con un total de 1.825 plazas. Las pruebas se han hecho de forma descentralizada: 9.147 personas estaban convocadas a Barcelona; 1.246, a Girona; 1.634, en Lleida y 1.554, a Tarragona. Las plazas a las cuales se presentan son 1.534 puestos de trabajo de personal funcionario —que incluyen personal de administración y servicios, personal de ejecución penal, cuerpo de agentes rurales y cuerpo de abogacía—, más 291 lugares de personal laboral transversal.
