La Generalitat ha empezado a “hacer contactos” con Bélgica para mantener “viva” la propuesta de oficialidad del catalán en la Unión Europea una vez acabe la presidencia de turno de España en el Consejo de la UE, que Madrid ha ostentado en los últimos seis meses. A partir del 1 de enero, el gobierno belga asumirá la presidencia del consejo y el Gobierno quiere abrir vías de diálogo con Bruselas para evitar que la carpeta de la oficialidad del catalán caiga en el olvido. El Consejo de Asuntos Generales de la UE se reúne este martes por última vez bajo la presidencia española y, a pesar de disponer ya del informe de los costes de las traducciones, no se prevé que haya novedades significativas.
La consejera de Acción Exterior, Meritxell Serret, ha asegurado en una entrevista en RTVE que, por “responsabilidad”, la Generalitat tiene que contemplar “todos los escenarios” para materializar el proceso de oficializar el catalán iniciado este verano. En los últimos meses, los estados miembros han mostrado su predisposición a negociar la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego, pero también han planteado dudas importantes. Las que más preocupan son el coste de la medida y la posibilidad de que el caso español pueda ser utilizado por otras lenguas minoritarias —como el ruso en los países bálticos— para intentar hacerse un hueco entre las lenguas oficiales de la UE.

Hace un par de semanas, el Gobierno catalán avanzó que ya ha hecho las primeras “aproximaciones” con Bélgica y reclamó al gobierno español que trabaje para “generar confianza”. La Generalitat mantiene canales de comunicación abiertos con todos los estados de la UE y habla con ellos con «la máxima ambición y exigencia».
Temor por si la oficialidad de la catalana cae en el olvido
El gobierno español ha hecho gestiones diplomáticas sin precedentes para intentar resolver todas las dudas y suavizar la postura de los países más beligerantes, pero de momento solo ha conseguido poner el debate sobre la mesa, pero no hay una votación en el horizonte. En los despachos de la Generalitat existe el temor que, una vez España deje la presidencia de turno de la UE, la carpeta quede relegada por la presión de otros asuntos más urgentes. Además, la Comisión Europea ha cifrado en unos 132 millones el coste de oficializar las tres lenguas cooficiales, una cantidad que asumiría el estado español, pero que puede generar mucha polémica por el elevado gasto que supondría.
Serret ha explicado que la Generalitat ha hecho “mucho trabajo” de pasillos en Bruselas para hacer pedagogía del caso catalán e intentar responder las preguntas de los estados, pero ha lamentado que algunas delegaciones se han quejado porque la información de algunas propuestas llega “tarde y mal”. El caso más flagrante se produjo justo antes de la reunión del Consejo de Asuntos General de la UE del pasado mes de noviembre. La delegación española envió a última hora y sin traducir el documento con varios condicionantes para evitar un efecto contagio a otros países. Como protesta, los estados miembros descartaron debatir la cuestión durante la reunión y en cinco minutos liquidaron el punto del orden del día.