El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado este jueves que la comisión de Justicia del Congreso haya aprobado la ley de amnistía después de que Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y el PSOE cerraron un acuerdo ayer por la tarde. «Hoy es un gran día porque empieza el camino para acabar con la represión», ha subrayado el presidente, que cree que la ley aprobada en comisión «blinda al máximo a los afectados», pero advierte que hay casos, como el caso Tsunami, que lleva el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castelló, que se tendrán que «batallar».
En declaraciones en los pasillos del Parlamento, Aragonés ha dejado claro que el trámite que ha superado este mediodía la ley «es el inicio del final de una pesadilla en forma de represión que ha supuesto supone prisión y exilio, y la amenaza de prisión, inhabilitación y de la ruina económica de sus familias para defender la causa independentista». Así mismo, ha remarcado que también significa el «reconocimiento» que la represión del estado español ha sido «ilegítima». «Esta corrección nos da la razón a los que siempre hemos defendido que estábamos ante una causa general motivada políticamente», ha sentenciado.
Por otro lado, el presidente de la Generalitat ha tenido un recuerdo por todas las personas afectadas que se beneficiarán de esta norma y ha valorado que el nuevo texto que han cerrado las dos formaciones independentistas con el PSOE «blinda los afectados al máximo que puede blindarlo una ley» y, en este sentido, ha recordado que «en nuestro estado de derecho las leyes las aprueban los parlamentos y después tienen que ser aplicadas por los tribunales».
Mensaje de Aragonés a la Audiencia Nacional y al Supremo
El presidente ha recordado que la aplicación de esta ley, una vez quede finalmente aprobada, dependerá de los jueces y que lo tendrán que hacer «de acuerdo con el contenido y el espíritu de la ley» que, según ha resaltado, queda «muy claro en la exposición de motivos». Así, ha advertido que en algunos casos, como el Tsunami Democrático, se tendrá que «batallar» después de ver las actuaciones «motivadas políticamente y orientadas a impedir el acuerdo de hoy» de jueces del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. «Esta ley es una mala noticia para aquel que desde la Audiencia Nacional o desde el Tribunal Supremo se deciden a hacer política con el Código Penal», ha remachado, antes de insistido que «la política se hace a través de los votos y los parlamentos».
