La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha anunciado que el gobierno catalán reclamará un millón de euros «como mínimo» a Cegos, la empresa que organizó las caóticas oposiciones de estabilización de interinos que se celebraron este sábado. Cegos subcontrató a su vez la ETT Randstad para contratar vigilantes de examen, y el resultado fue un «follón» que causó a posteriori el cese de la directora general de Función Pública. Vilagrà ha denunciado las incidencias «inadmisibles» que, a su parecer, son responsabilidad de Cegos. Es por eso que les pedirán una indemnización por los daños causados en la organización de estas pruebas, que se tendrán que repetir el 1 y el 8 de julio.
«Lo que pasó es injustificable y un incomplimiento total de las condiciones contractuales», ha asegurado Vilagrà en una comparecencia a la comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento donde la oposición ha denunciado la externalización de este servicio. Vilagrà ha asegurado que lamenta «profundamente» la situación de los interinos, que desde sábado han pasado mucha angustia porque no sabían si el buzón de incidencias que habilitó el gobierno catalán les serviría finalmente para que se repitieran las pruebas. Hasta este jueves no se anunció la repetición de los exàmenes, que se hará la primera semana de julio para todos los cuerpos de interinos que tienen que opositar para estabilizarse.
«Quién hace cosas tiene el riesgo de equivocarse»: la defensa de Vilagrà
A pesar de pedir perdón por el caos en las oposiciones, del cual responsabiliza completamente Cegos, Vilagrà ha argumentado que esta problemática se está dando por las actuaciones del ejecutivo para reducir la temporalidad. «Quién hace cosas tiene el riesgo de equivocarse», ha asegurado. La consejera de la Presidencia ha insistido que «la primera disgustada soy yo misma y mi equipo» y ha defendido que hasta sábado el proceso de estabilización de los interinos «había sido impecable».
