La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona que inste el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a investigar la ex consejera de Salud y ahora vicepresidenta del Parlamento, Alba Vergés, por supuestamente atrasar la vacunación contra la covid a policías y guardias civiles destinados en Cataluña cuando estaba al frente del departamento. El ministerio público considera que a raíz de las pruebas practicadas en el marco de esta instrucción se desprende que Vergés podría haber tenido responsabilidad en las decisiones sobre el calendario de vacunación a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
También lo han solicitado las asociaciones y sindicatos de policías y guardias civiles JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC, que fueron los que dieron pie en la investigación al presentar una denuncia en que acusaban la Generalitat de paralizar las vacunaciones de los agentes estatales incluso que, el abril del 2021, el TSJC dio un ultimátum al Gobierno porque los inmunizara de forma «inmediata».
En cuanto que aforada por el hecho de ser diputada en el Parlamento por ERC, el TSJC es el órgano judicial competente para salir adelante la causa contra Vergés. El caso lo instruye el enjuiciado número 17 de Barcelona, después de que el marzo pasado el TSJC rechazara investigar la ex consejera porque no apreció indicios de delito, pero ordenara a la justicia ordinaria que investigara qué autoridades «pudieron incumplir el deber de actuar» según las normas sanitarias.
Una nueva prueba involucra a Vergés
De las declaraciones de los imputados y de una nueva prueba que ha salido a la luz durante la instrucción del caso, según ha informado EFE, se desprenden indicios que Vergés pudo tener responsabilidad sobre el calendario de inmunización de policías nacionales y guardias civiles destinados de Cataluña, cosa que la sitúa en su punto de mira de la investigación, según las mismas fuentes jurídicas.
En la causa han declarado hasta ahora como investigados el ex consejero de Salud Josep Maria Argimon, que era secretario general de Salud Pública durante la pandemia, y el ex secretario general del Departamento, así como cuatro cargos más de la consellería durante la pandemia que negaron que tuvieran competencia para decidir qué grupo o colectivo se vacunaba en cada momento.
