Un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, y a su equipo por presuntamente aprovechar su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas, un expediente que se encontraba bajo secreto de sumario desde 2018, tal como adelantó El Món en abril. En esta trama están involucradas 28 personas y seis empresas, a quienes se les atribuyen seis delitos: soborno, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Según el auto del juzgado de instrucción 2 de Tarragona, la posición de Montoro habría permitido al despacho de abogados Equipo Económico -fundado por el ministro antes de entrar al gobierno y relacionado con la investigación- «crear una organización en la que muchos de los que intervenían eran altos cargos dentro del gobierno y la administración central, desde donde habrían creado una red de influencias con el fin de obtener un lucro económico».
Según informaba El Món, el caso nació a raíz de la confiscación de unos documentos en un caso de fluido eléctrico y de un delito urbanístico. Entre estos documentos, los agentes de los Mossos d’Esquadra encargados de las pesquisas se dieron cuenta de que Equipo Económico (EE), utilizaba sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda” para beneficiar a sus clientes, tal como ahora apunta el juez. A pesar de la actual imputación, Montoro se limitaba a insistir que él se había desvinculado de este despacho de abogados en el año 2008.
Contactos para hacer uso «de la red de influencias»
Las investigaciones han revelado que «al menos en dos ocasiones» las empresas englobadas en la AFGIM (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos) contrataron la firma de Montoro «para que hiciera uso de su red de influencias con el fin de que se llevaran a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones». Estas dos acciones se sitúan en el año 2013, cuando después de intentarlo AFGIM no consigue que se modifique una norma para obtener rebajas en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y acude a Equipo Económico, gabinete con «acceso» al Ministerio de Hacienda. En uno de los correos electrónicos intervenidos se especifica: «La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal M.».
Aparte de Montoro, la causa implica al secretario de Estado de Hacienda de 2011 a 2016, Miguel Ferré, o a la subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos en el mismo período, Pilar Platero.
