El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado las medidas de «regeneración democrática» que pretende aplicar si llega a un acuerdo con los grupos políticos. Sánchez las ha enumerado en una comparecencia en el Congreso, probablemente la última del curso político, después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunciara ayer el acuerdo por la derogación de la ley mordaza y la modificación de la ley de publicidad institucional. Según ha explicado, la primera propuesta que hará a las formaciones políticas es que se obligue los medios a concretar quién son sus accionistas y qué entidades o personas los financian, así como las cifras de audiencia.
Esta norma se acompañará de un cambio en la publicidad institucional para evitar subvencionar el «pseudoperiodismo». Las medidas que pretende implantar, pero, tendrán que ser aceptadas por los grupos políticos, algunos de los cuales ya se han mostrado abiertamente hostiles a estos cambios.
Sánchez ha asegurado que su gobierno no quiere «repartir carnés de fiabilidad de los medios», sino «luchar contra las noticias falsas y garantizar una información veraz». «Sin medios libres y de calidad no hay democracia», ha advertido durante el pleno extraordinario para explicar las líneas principales del plan de regeneración democrática. «El consumo reiterado de noticias falsas está ligado al auge de la ultraderecha y de la xenofobia, el antisemitismo y la homofobia», ha alertado Sánchez.
Tres meses de espera para explicar el plan de regeneración democrática
El presidente del gobierno español ha tardado tres meses a explicar las medidas que pretende implantar para combatir esta «máquina de barro» que considera que son algunos medios de comunicación. Las fuerzas soberanistas, pero, lo han criticado para centrarse a combatir estas noticias falsas y lo lawfare únicamente cuando ha afectado su mujer, Begoña Gómez. Hay que recordar que Sánchez empezó a hablar de la regeneración democrática el 29 de abril, el día que compareció para anunciar que continuaba al frente del gobierno español desprendido de cinco días de reflexión en que se planteó dimitir.
