El presidente español, Pedro Sánchez, ha confirmado que finalmente el miércoles asistirá a la sesión de control al gobierno en el Congreso. Inicialmente había excusado su presencia por una cumbre en Nueva York para hablar de la solución de los dos estados al conflicto entre Israel y Palestina, pero la suspensión del encuentro y el estallido del caso Cerdán le han obligado a cambiar de planes. Sánchez, que esta misma semana quiere reunirse con todos los socios de investidura para saber con qué apoyos cuenta, mantiene «todas las opciones abiertas» respecto al futuro de la legislatura.
Ahora mismo, el líder socialista tiene sobre la mesa convocar elecciones, presentarse a una moción de confianza o convocar un congreso extraordinario del PSOE. Las dos primeras opciones suponen trasladar a la Moncloa el escándalo que de momento se ha intentado contener en Ferraz y la tercera sería vista como una respuesta insuficiente por sus socios. Ninguna opción es buena y tanto Sánchez como su núcleo duro lo saben. De hecho, cada vez hay más voces dentro del PSOE que reclaman un adelanto electoral para evitar que las elecciones españolas coincidan con las autonómicas y municipales del 2027.
El miércoles será una sesión de alta tensión. Todo apunta que los encargados de preguntar a Sánchez sobre el caso Cerdán serán el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el líder de Vox, Santiago Abascal; y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Es decir, dos formaciones abiertamente hostiles a Sánchez —y que serían las más beneficiadas de un adelanto electoral— y un partido muy cercano a Sánchez y que necesita que la legislatura avance para culminar grandes proyectos como la financiación singular o el traspaso de Rodalies, pero que no puede ligar su futuro a un partido con un escándalo de corrupción que crece cada día más. Una situación similar a la de Junts, que necesita a Sánchez en la Moncloa para culminar el traspaso de las competencias en inmigración, la oficialidad del catalán en la UE y la amnistía política.
Desconcierto total en Ferraz
El problema, según explican fuentes de Ferraz y de la Moncloa a todo el que los quiere escuchar, es que tanto en el PSOE como en el gobierno español reina el desconcierto. El mensaje es que la caída de Santos Cerdán, exnúmero 3 del partido y hombre para todo de Sánchez —como demuestra su papel de negociador principal con Carles Puigdemont—, ha tomado por sorpresa al presidente, que ahora no sabe en quién confiar. Tampoco sabe hasta dónde puede llegar la trama de las comisiones ilegales del caso Koldo que ya había terminado con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien también fue mano derecha de Sánchez. Se da por hecho que los colaboradores más estrechos de Cerdán tienen los días contados. A partir de aquí, solo pueden esperar y confiar en que las grabaciones del exasesor de Ábalos no señalen a nadie más.
Hasta el miércoles por la noche, el PSOE todavía confiaba en su número 3, como demuestra el comunicado que publicaron cuando aparecieron las primeras informaciones sobre el informe de la Guardia Civil y los audios que lo incriminaban. “No ha participado, ni mucho menos influido, en adjudicaciones de obras públicas” y “nunca ha cobrado una comisión por ello”, decían los socialistas. El jueves por la mañana todavía había quien lo consideraba una víctima más de la campaña de acoso contra Sánchez, pero con el paso de las horas y la publicación de las conversaciones y las transcripciones, Cerdán quedó definitivamente señalado y apartado.
Reformas mínimas en el PSOE
A pesar del nerviosismo que hay en los pasillos de Ferraz y de la Moncloa, el mensaje oficial es que todavía hay legislatura y que es un problema del PSOE. “No habrá convocatoria electoral hasta el 2027, porque esto no va de mí, ni del PSOE, ni de los diputados del PSOE, sino de un proyecto que está haciendo cosas buenas para este país”, dijo Sánchez en su primera comparecencia pública para hablar del caso Cerdán, que se produjo casi un día después de que salieran las primeras transcripciones de las conversaciones. Tanto sus socios como la oposición han echado en falta más explicaciones y, sobre todo, más contundencia a la hora de abordar el caso. De momento, Sánchez ha prometido una auditoría externa de las cuentas del partido y una “reestructuración” de la Ejecutiva Federal del PSOE. Pero no es suficiente. ERC, por ejemplo, quiere una auditoría del Ministerio de Transportes, origen de la trama de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras públicas.
Este domingo el gobierno español todavía defiende agotar la legislatura. El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, mantiene el apoyo de su formación al ejecutivo de Sánchez porque “no tiene ninguna mancha de corrupción en sus filas”. Maíllo considera que tener el expediente limpio de corrupción es un “mensaje importante” que el gobierno español debe saber transmitir. IU, al igual que el resto de fuerzas progresistas, descarta una moción de censura y, llegado el momento, se decantaría más por una moción de confianza para renovar el pacto de gobierno y hacer un reset a la legislatura.
La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del 2026, María Jesús Montero, también ha defendido esta mañana que el ejecutivo debe intentar llegar hasta el final de la legislatura. Montero ha intentado poner distancia con Cerdán y ha asegurado que ninguna organización puede garantizar que alguno de sus miembros “se desvíe de la norma” y que “lo que mide la calidad democrática es la reacción” que ha tenido su formación. La vicepresidenta ha dicho sentirse “profundamente traicionada, dolida e indignada” con Cerdán y ha insistido en que el PSOE ha actuado “con contundencia, claridad y apartando” a Cerdán de todos sus cargos. Con todo, el PSOE sabe que esta vez no será suficiente con un golpe de efecto como los que suele dar Sánchez cuando las cosas van mal, pero tampoco tienen claro cuál es la solución buena. “Todas las opciones están sobre la mesa”, insisten en la Moncloa.
