Semanas frenéticas para los equipos negociadores de PSOE y Junts, que llevan meses trabajando en Madrid y en Ginebra (Suiza) para cerrar el traspaso “integral” de las competencias de inmigración y ahora aceleran para poder anunciar un acuerdo antes de que termine el año. Los de Carles Puigdemont buscan un golpe de efecto que avale su estrategia negociadora en Madrid y marcar distancias con ERC. Los republicanos no han podido sacar el rédito que desearían de los pactos con los socialistas por el traspaso de Rodalies y por la nueva financiación singular y Junts quiere aprovecharlo para presumir del “pieza a pieza” que pregonan desde que invistieron a Pedro Sánchez.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que el traspaso de las competencias de inmigración es muy “complejo” porque afecta a varios ministerios. En una entrevista en RTVE, Nogueras ha defendido que las negociaciones se están alargando porque su partido quiere ampliar el concepto “integral” —que hasta ahora no han terminado de definir— para que incluya también los ministerios de Interior y Exteriores, pero ha evitado dar más detalles. “Cuando lo tengamos cerrado, saldremos a explicarlo”, ha justificado.
Acuerdo prácticamente cerrado a falta de “cabos”
Hace unos días, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ya adelantó que el acuerdo estaba pendiente “de algunos cabos”, pero tampoco quiso entrar en los detalles del pacto. “Podremos dar una respuesta catalana a esta cuestión porque tendremos los instrumentos para hacerlo desde Cataluña”. Uno de los principales puntos de conflicto es el control de fronteras y la gestión de los flujos migratorios, dos competencias que ahora mismo son exclusivas del Estado y que el ala dura del gobierno de Pedro Sánchez que encabeza el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se resiste a ceder.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha limitado a decir que el gobierno español no descarta que el traspaso se pueda materializar antes de final de año, pero también se ha mostrado muy hermética a la hora de hablar del alcance de la cesión. “El gobierno cumple sus acuerdos y las cosas van como deben ir”, ha defendido. Saiz ha reiterado que el traspaso se hará dentro del marco constitucional y que las diferentes administraciones “tienen mucho que decir” en las diferentes fases de atención a las personas migrantes, unas declaraciones genéricas que demuestran la reticencia del gobierno español a hablar de la parte más conflictiva de las negociaciones.
Mucho camino por recorrer sin ser independientes
“Mientras no seamos un estado, hay muchas cosas que no podemos hacer, pero hay otras que sí”, ha proclamado Nogueras, quien ha avanzado que uno de los puntos fuertes de las conversaciones con el PSOE es cómo dar un papel más relevante a los Mossos d’Esquadra en cuestiones de inmigración. “Es imprescindible tener un control sobre la inmigración”, ha insistido, aunque, una vez más, no ha concretado qué implicaciones tendrá ese control. Desde Junts apuestan por una ley orgánica basada en el artículo 150.2 de la Constitución, la misma fórmula que se utilizó en 1998 para delegar a los Mossos las competencias de tráfico en Cataluña, que hasta entonces tenía la Guardia Civil.
En las últimas semanas, ambos partidos han protagonizado varios choques a la hora de concretar qué significa un traspaso integral. En septiembre, Junts denunció que la última propuesta del PSOE era una rebaja considerable del pacto que cerraron a principios de año para ceder las competencias en inmigración a Cataluña a cambio de salvar dos decretos del PSOE en el Congreso. Y todo por la insistencia de Marlaska en recordar, en público y en privado, que el control de fronteras es competencia del gobierno español y del Estado —solo los jueces pueden dictar la expulsión de migrantes, por ejemplo— y que solo hay margen de maniobra en la gestión de los servicios sociales y las políticas de inmigración.
