Finalmente, acuerdo en uno de los tres puntos más difíciles de transaccionar en la ley de amnistía: el concepto de la exclusión de terrorismo. PSOE, Junts y ERC han transaccionado para aprobar dos enmiendas que buscan el blindaje de los imputados de los CDR y el Tsunami Democrático. Los tres grupos firman una enmienda transaccional —a la que se añaden también Sumar, PNV, Bildu y BNG— que delimita que el delito de terrorismo queda excluido de la amnistía «siempre que, de forma manifiesta y con intención directa, haya causado violaciones graves de derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y el derecho internacional humanitario».

La modificación quedará incorporada en el dictamen de la comisión de Justicia que se aprueba hoy y se vota el próximo martes en el pleno del Congreso. La enmienda establece que quedan excluidos de la amnistía los actos tipificados como delitos de terrorismo, pero añade que esto será «siempre y cuando» y «de forma manifiesta y con intención directa» hayan causado «violaciones graves de los derechos humanos». También elimina el dudoso requisito de que exista una sentencia firme para poder hacer esta exclusión. Curiosamente, la reunión de la comisión de Justicia que ha construido el acuerdo de esta mañana coincide con la interposición de una querella por parte de Vox contra cinco integrantes de la Mesa del Congreso por haber permitido la tramitación de la proposición de ley orgánica de amnistía.

En concreto, se modifica el apartado d) del artículo 2 que queda redactado de la siguiente manera: “d) Los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados al Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal que hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas comprendidas a la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, siempre que, de manera manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario.” De este modo intentan evitar que prosiga la instrucción de la causa del Tsunami Democrático y evitar el juicio de la Operación Judas, ambas en manos del magistrado Manuel Garcia Castellón.

Félix Bolaños conversación con Pedro Sánchez durante una sesión en el Congreso / Europa Press

Una enmienda para garantizar lo para de los procesos

La segunda enmienda pactada por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG es un aviso al ministro Félix Bolaños, que se había enrocado en la negativa a hacer cambios. La enmienda hace patente la obligación de parar las causas contra los imputados del proceso y la «inmediata puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía». En este sentido, determina que los jueces tendrán que levantar cualquier medida cautelar que haya adoptado por las acciones incluidas en la amnistía.

«El órgano judicial procederá a dejar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de personas a las cuales resulte la aplicación de la amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención», establece el texto. En la misma línea, aduce que la suspensión de las causas no impedirá el levantamiento de las medidas cautelares que los jueces hayan adoptado anteriormente, y los magistrados tendrán que «dar por finalizada la ejecución de todas las penas privativas de libertad, de derechos y las multas».

Recta final

El debate de las enmiendas a la comisión de Justicia se ha presentado como un debate técnico de mejora del articulado de la ley. De hecho, la modificación pactada tiene truco, y es que pone condiciones que hacen imposible, hoy por hoy, que ningún acusado por terrorismo en el marco del Proceso no se pueda acoger a la amnistía. El acuerdo de la garantía de la suspensión de los procesos también desbroza el camino. Así solo permanece una enmienda viva en el pleno que se tiene que celebrar la semana entrante. Junts y ERC han registrado una enmienda conjunta que todavía va más allá en este blindaje y que, de momento, el PSOE no acepta. La enmienda llegará sin pactarse al pleno del día 30.

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