El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad este lunes una declaración donde insta a asegurar que las intervenciones parlamentarias no incurren en «descalificaciones» a jueces y magistrados que, según ellos, puedan minar la confianza de los ciudadanos al Poder Judicial. La declaración aprobada en un pleno extraordinario es la respuesta a las críticas que recibieron los togados la semana pasada por parte de diputados de Junts per Catalunya, Podemos y Sumar, que cargaron contra el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castelló, que investiga Tsunami, y el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que instruye el caso Volhov.
El texto aprobado por los 16 vocales que integran actualmente el CGPJ comparte la tesis que hizo pública el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, que el día siguiente al debate en el Congreso criticó los «insultos» que a parecer suyo habían recibido estos jueces. «Se tendría que asegurar en el curso de las intervenciones parlamentarias lo respecto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía al sistema judicial», resalta la declaración. Así mismo, constata que «existe una diferencia clara entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por un lado, y la carencia de respeto y presiones inadecuadas hacia el poder judicial, de la otra».
El pleno extraordinario, que se ha celebrado a propuesta de nuevo vocales conservadores, razona que el hecho que los diputados «se encuentren especialmente protegidos por la inviolabilidad parlamentaria no resta gravedad a su actuación». «Máximo, teniendo en cuenta que en el debate social y parlamentario sobre la referida proposición de ley se profieren acusaciones de ‘lawfare’ contra miembros del Poder Judicial», subraya. Por todo esto, el Poder Judicial rechaza «con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo». Por otro lado, subrayan que seguirán defendiendo «la independencia del Poder Judicial, residenciada a todos y cada uno de los jueces y jueces españoles».
La denuncia de Míriam Nogueras y otros diputados
La declaración del Poder Judicial es la respuesta a las críticas que recibieron algunos jueces por parte de diputados de Juntos, Podemos y Sumar durante la sesión plenaria del pasado 30 de enero. La más contundente fue la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, que habló de «jueces prevaricadores» y mencionó los jueces Aguirre y García-Castellón: «El juez Aguirre se pasea por las televisiones europeas prevaricando y no haremos nada? El juez García-Castellón se saca los delitos del bolsillo una vez publicada el primer texto de la ley y no haremos nada?», pidió.
La diputada de ERC Pilar Vallugera, igual que hizo Jon Iñárritu (Bildu), evitó referirse a los jueces con nombres y apellidos, pero sí que cuestionó movimientos procedentes del ámbito judicial. En cambio, la diputada de Podemos Martina Velarde advirtió sobre una «ofensiva judicial salvaje» del «sector reaccionario judicial» y, en concreto, señaló García-Castellón. Finalmente, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello mencionó «un juez de la Audiencia Nacional próximo a Aznar que no vio implicación de María Dolores de Cospedal» a Kitchen por, a continuación, referirse al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
