Magda Oranich: «La ejecución de Salvador Puig Antich fue una venganza»

La abogada Magda Oranich (Barcelona, 1945) acumula una larga trayectoria como defensora de numerosos presos políticos durante el franquismo. Formó parte del equipo de defensa de Salvador Puig Antich, que fue detenido el 25 de septiembre del 1973, cuando seis policías del grupo especial para la desarticulación del MIL montaron una emboscada para atrapar los anarquistas en la calle Girona de Barcelona. Puig Antich fue ejecutado la mañana del 2 de marzo del 1974 después de ser acusado de matar un policía –un agente que murió en la trifulca a tiros, a pesar de que nunca se ha sabido de qué pistola provenían las balas mortales, porque la investigación las hizo desaparecer y no se analizaron. Lo habían sometido a uno consejo de guerra sin ninguna garantía en que se dictó sentencia de pena de muerte. Ahora, 50 años después de la ejecución del joven anarquista, la abogada lo recuerda como una «venganza» del franquismo después de que ETA asesinara a Carrero Blanco el 20 de diciembre del 1973. Desde la detención a su ejecución solo pasaron cinco meses, un proceso que para la abogada fue muy deprisa y que acabó con la muerte del último preso político ejecutado al garrote vil por el franquismo, «una cosa monstruosa». Oranich también critica que la administración de justicia española no se haya reformado en 50 años y apresura a los políticos a aprobar la amnistía.

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Usted formó parte del equipo de defensa de Salvador Puig Antich, ¿cómo recuerda aquellos días?

No los olvidaré nunca. Recuerdo que los detenidos llegaron a los juzgados de guardia el día 25 de septiembre y los policías iban muy nerviosos y yo, que era allá por otros asuntos, pregunté: «¿Qué ha pasado?«, y ellos me dijeron que no me preocupara, que se trataba de un atraco. Salvador no estaba entre los detenidos porque estaba herido y lo habían llevado al Clínico. Llamé a los compañeros, entre ellos Josep Oriol Arau, y les dije que me había parecido un tema político. Oriol ya era amigo de una de las hermanas Puig Antich y todo empezó. Inicialmente, no esperábamos que la cosa acabara como acabó porque hacía diez años que no ejecutaban nadie, porque el Tribunal de Orden Público lo crearon el 1963 y no dictó nunca ninguna pena de muerte. Cuando Franco quería matar se inventaba una ley antiterrorista y enviaba el caso al tribunal militar, donde no cabía recurso.

No tenía ningún sentido ir al tribunal militar porque no había ningún militar implicado, era solo por la cosa de matar. Ni Salvador era militar, ni los policías que lo detuvieron eran militares, ni el delito era militar. A mí esto ya me hizo mala espina, pero no del todo, porque cuando querían condenas altas, o si se había atentado contra algún guardia civil, el caso iba a la justicia militar por competencia. La defensa se iba haciendo con cierta normalidad.

¿Y cómo fue la defensa?

Yo no pude participar del todo cuando empezó la defensa más seria, porque yo entonces estaba en la prisión, me detuvieron el 28 de octubre junto con 112 personas, el primer día que jugaba el Cruyff en el Barça. Estuve unos meses presa y no pude participar aquel tiempo, y entremedias murió mi padre de un infarto, con 57 años. Cuando salí ya habían señalado el día del consejo de guerra, que se celebró el 8 de enero.

Una vez salió de la prisión. ¿Cuál fue su papel?

Cuando salimos de la prisión nos reincorporamos a la defensa, pero tengo la impresión de que más que de juristas hacíamos de Cruz Roja. En una dictadura que ya tiene una sentencia hecha y prevista para que lo mataran… Al principio no lo pensábamos, y no sé si el régimen lo había pensado o no, pero el detonante de todo fue el atentado contra Carrero Blanco, el 20 de diciembre del 1973. Salí de la prisión y fui a ver a Salvador encarcelado, y él dijo: «Han matado a Carrero y a mí». Lo tenía clarísimo.

Fue una venganza?

Sí, yo creo que fue una venganza. Entonces hubo la condena y el 12 de febrero Arias Navarro hizo el discurso del «espíritu del 12 de febrero«… Yo creo que sí que fue una venganza, a pesar de que no eran los mismos porque a Carrero Blanco lo mató ETA, pero ellos no hacían distinciones.

El proceso fue muy rápido.

Todo esto se produjo en muy poco tiempo y el tema era muy duro. Se ha dicho que los partidos políticos de la oposición democrática, básicamente el PSUC, no hicieron lo que tenían que hacer, pero mi opinión es que nadie se pensaba que habría pena de muerte en el caso de Salvador. De hecho, en el 70 ya había habido ocho peticiones de muerte que no se ejecutó después de la cerrada de intelectuales de Montserrat [con motivo del consejo de guerra celebrado a Burgos contra militantes de ETA]. La gente se pensaba que no pasaría nada, pero los que estábamos allá metidos lo veíamos diferente. Teníamos la conciencia que habíamos trabajado mucho en la defensa, pero el consejo de guerra lo hicieron en sesiones de entre cinco y ocho horas diarias, con una pausa a mediodía. No se cumplió ni el código de justicia militar. Y todo fue muy deprisa. La justicia ahora es lenta, pero entonces también, y en este caso se celebró un consejo de guerra el 8 de enero y lo ejecutaron el 2 de marzo. Fueron unos fittipaldis.

¿El hecho que fuera un juicio militar complicó mucho más la defensa?

¡Y tanto! Porque los civiles, aunque fueran tribunales de represión política, cumplían de alguna manera la ley de enjuiciamiento civil, porque era el final de la dictadura. Un consejo de guerra era un proceso diferente y había muchas menos garantías. La ley decía que, si era condenado a muerte, ‘lo reo será pasado miedo las armas‘. ¿Y qué hicieron? Le aplicaron el garrote vil, que era una cosa monstruosa y que no se hacía, que yo sepa, en ningún país del mundo.

La defensa tuvo muy poco margen de maniobra...

¡Oh, y tanto! La jurisdicción militar era otro mundo. No había recursos ni nada, solo podíamos pedir el indulto al Consejo de Ministros, al jefe del Estado, pero el mismo tribunal enviaba al gobierno las penas de muerte que había impuesto. El Consejo de Ministros del 1 de marzo de 1974 trató tres condenas de muerte: Salvador Puig Antich, Heinz Chez, un preso común que ejecutaron en la prisión de Tarragona y también con el garrote, y un guardia civil, que, naturalmente, lo indultaron.

Si llegaba el enterado era que no habían dado el indulto y entrabas en capilla, y esto es lo que pasó. En el caso de Salvador entraron Oriol [Arau, abogado] y las hermanas, que estuvieron en la prisión Modelo con él antes de que lo ejecutaran por la mañana. La capilla era de ocho de la tarde a ocho de la mañana, y a aquella hora salieron las hermanas de Salvador y Oriol, hecho pulso, se fue porque no pudo resistir más. Mientras tanto, en el Colegio de Abogados fueron llegando abogados y fue aquella noche que dicen que les arruinamos el teléfono, porque llamé a Naciones Unidas… también llamamos al Vaticano. Yo a las séis de la mañana ya fui hacia la Modelo y en el bar Modelo enseguida aparecieron las hermanas alrededor de las siete de la mañana.

Se ha hablado bastante del verdugo.

Sí, tengo el nombre y la fotocopia del recibo del dinero que cobró. Se llamaba Antonio López Guerra y cobró 8.000 pesetas por la ejecución y 500 pesetas en concepto de dietas por los días que pasó en Barcelona, porque venía de Andalucía. El verdugo funcionaba cómo en la película El Verdugo, de Luis García Berlanga. Venía con una cartera y todo era cómo surrealista. Me lo han explicado las hermanas y después Oriol, que llegó y empezó a preparar la silla… y las últimas palabras que dijo el Salvador fueron «qué putada».

¿La ejecución de Salvador fue la metáfora de un régimen que murió matando?

Sí, Salvador y las del 75, porque en un año y pico después fue lo mismo. Nosotros siempre decíamos que moriría con sangre, lo que no pensábamos es que fuera de tan de cerca, porque estuve presente a la ejecución de Juan Paredes, el Txiki, recogí los casquetes de bala y casi me quedé manchada de sangre porque le tuvieron que dar el tiro de gracia. Pero, y tanto, el régimen murió matando. ¿Qué necesidad había de ejecutar el Salvador Puig Antich? El régimen estaba bastante descompuesto, pero ejecutaron a seis personas e hizo de todos colores, porque en el juicio de Comisiones Obreras, que todavía era ilegal, impusieron condenas de 20 años.

El caso se intentó revisar hace unos años y también se ha intentado juzgar a los responsables, pero no se ha podido hacer.

Aquí han dicho siempre que no por la amnistía. Aquella amnistía por la cual tanto luchamos y que sirvió para que salieran nuestros presos, los antifranquistas, que íbamos a la puerta de las prisiones a recibirlos. Pero nadie pensó, al menos mi entorno y yo, que aquello podría servir algún día para los franquistas y los torturadores. Todas las respuestas que han dado a esto ha sido qué no, porque viene de la ley de amnistía y cada juez que lo ha intentado hacer no lo ha conseguido.

¿La continuidad de las estructuras policiales y judiciales provenientes del franquismo han impedido cualquier reparación jurídica?

Yo creo que tuvo que ver. Yo un día recibí del Tribunal de Orden Público que estaba amnistiada, pero no tenía más trascendencia, pero sí que tenía trascendencia para los presos y los juicios que quedaban. La ejecución de Salvador Puig Antich y las posteriores fueron una venganza, porque no había habido ninguna ejecución desde el 1963.

¿La circunstancia de que Carlos Rey, que redactó la sentencia, muchos años más tarde fuera abogado de la expresidenta del PPC Alicia Sánchez-Camacho en el caso Método 3 es una muestra de este cordón umbilical que liga la actualidad con el franquismo, con una administración de justicia que no se ha reformado?

Han cambiado más las leyes que la estructura, que continúa siendo la misma. Se dice, y es cierto, que la que menos ha cambiado es la justicia. Ha cambiado más la policía que la justicia. Incluso ha cambiado más el ejército, que ahora no pinta mucha cosa, que la justicia. Se mantiene la estructura y, sobre todo, la manera de entrar. El Consejo del Poder Judicial está caducado hace cinco años y no les da la gana cambiarlo, y tiene mucho poder porque es el que nombra los presidentes de sala al Supremo, por ejemplo. La justicia solo ha cambiado en cosas menores, porque cuando acabé la carrera no había ninguna mujer y ahora hay más mujeres que hombres.

¿Pero la cúpula de esta administración de justicia se tendría que reformar?

Lo primero que se tendría que hacer es modificar el Consejo del Poder Judicial, que son los que nombran los cargos, y establecer otra manera de escogerlos porque ahora las oposiciones que hacen son patéticas. Los aspirantes tienen que saber de memoria un código y los dan veinte minutos para recitarlo, y si se pasan un minuto los pueden suspender. ¿Crees que esto sirve? Hay jueces buenos y que trabajan y no ponen trabas al catalán, pero de jueces catalanes hay pocos y se quedan forzosos porque no cubren las plazas que hay en Cataluña. Cuando son forzosos pueden pedir el cambio después de un año, y hay que se queden, pero es uno entre cien. El resto acaban marchándose por la lengua, aunque digan que no les molesta, y también, sobre todo, por una cuestión económica, porque el poder adquisitivo de su sueldo aquí es más bajo. Pero sí, la justicia necesita una reforma y se tiene que cambiar la estructura.

Esta reforma es uno de los objetivos de Pedro Sánchez. ¿Cree que lo conseguirá?

Tiene razón, y estoy de acuerdo. Europa nos ha advertido muchas veces. Él lo tiene que conseguir porque no puede ser tener un organismo así, con la importancia que tiene, con la gente caducada desde hace más de cinco años. Además, es un órgano que cuando un juez hace una barbaridad es el Consejo General del Poder Judicial quién lo puede sancionar o, incluso, suspender. Tienen poder, es uno de los tres poderes del Estado español.

De hecho, ahora mismo estamos viendo la actuación del juez de la Audiencia Nacional con el caso Tsunami…

El caso del juez García Castellón es de los casos más gordos que he visto. Esto que han dicho que hay terrorismo no quiero ni hablar porque da vergüenza y todo. Todos sabemos que en Cataluña no ha habido terrorismo. Querer comparar el Tsunami, o el que fue el Proceso, con el terrorismo es increíble.

¿Y como sería una justicia moderna en una Cataluña independiente?

Tendría que ser más justa, pero sobre todo más rápida. En el Estatuto del 2006 ya se planteaba un tipo de consejo judicial propio en Cataluña y es el que más recortaron. También había, naturalmente, que los jueces para venir a trabajar en Cataluña tenían que saber catalán y conocer el derecho civil catalán, que no son dos artículos, eh. La parte más recortada fue la justicia y nos privaron de la posibilidad de tener una jerarquía judicial en Cataluña con este consejo. Fue lo primero que se cargaron.

Por otro lado, el siete de marzo tenemos que salir de dudas sobre la ley de amnistía. ¿Cuál es su opinión?

Yo soy partidaria de la amnistía por la gente que está esperándola y, si me preguntas a mí, yo aprobaría ya la amnistía. Si se ha hecho un cambio que la mejore, pues muy bien, pero tenemos el problema que después se tendrá que batallar cada caso al juzgado. Vistas las cosas que están pasando, desde el punto de vista político, a cada movimiento lo entorpecen todo, y me da miedo que haya una entorpecida gorda. Es importante que haya la amnistía y es un triunfo de los grupos independentistas, pero, claro, que se aplique ya. Ahora tendrá que entrar en la prisión Dani Gallardo, que no entraría si ya se hubiera aprobado la amnistía.

¿Hay margen por acotar la ley o tapar agujeros?

Siempre puede haber un agujero. Yo creo que ya está muy acotada, y quizás con este nuevo acuerdo podan acotar un punto, pero los que creen que lo pueden blindar todo no deben de ir a tribunales, porque la misma ley a veces tiene interpretaciones. Cuando se crea dice una cosa y con los años se va cambiante. Se tiene que aprobar e ir viendo caso por caso, porque quién tiene que decidir si aplica la amnistía en cada caso son los jueces. Yo la quiero rápida porque hemos dejado demasiado tiempo a los jueces para prepararse.