El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha dado luz verde al nuevo modelo de financiamiento con el apoyo de Cataluña y Canarias. La reunión se ha celebrado sin ningún representante de la Comunidad de Madrid, que había intentado arrastrar al boicot a los otros territorios gobernados por el PP pero no lo ha conseguido. Sin embargo, las comunidades gobernadas por el PP, más Castilla-La Mancha (gobernada por el PSOE) y Asturias (en manos de una coalición de izquierdas encabezada por el PSOE), han votado ‘no’ al nuevo sistema propuesto porque lo consideran «insolidario». Pero, sea como sea, este trámite que se ha superado hoy solo sirve para avanzar hacia la votación que sí es determinante. Ahora, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley orgánica del nuevo modelo, lo que requerirá entre 10 y 12 días, y lo enviará al Congreso de los Diputados. Allí comenzará la verdadera batalla.
El PSC y Esquerra Republicana –Oriol Junqueras ha reconocido hoy mismo que el nuevo modelo es «insuficiente», pero ha reafirmado que es «infinitamente mejor» que el existente– han intensificado la presión sobre Junts per Catalunya para que no bloquee la tramitación parlamentaria. A pesar de la presión, fuentes de Junts per Catalunya señalan a El Món que su apuesta es el concierto económico y que con el modelo que se plantea «no hay nada que hacer». La aritmética compleja del Congreso les da mucho poder. Sin el apoyo de los siete diputados de Junts per Catalunya, el nuevo financiamiento corre el riesgo de quedar estancado. Por este motivo, tanto la dirección del PSC como la de Esquerra Republicana multiplican los mensajes públicos para intentar situar al partido de Carles Puigdemont en la tesitura de decidir si permite el trámite o si hace caer un modelo que, según los cálculos del ejecutivo catalán, debe aportar cerca de 4.700 millones de euros adicionales a las arcas de la Generalitat.
La ofensiva de PSC y ERC contra Junts: «Nadie puede hacer de muro»
En este marco de presión, el Gobierno de Salvador Illa y la consejera de Economía, Alícia Romero, reiteran a Junts que, si bien entienden las discrepancias sobre el modelo final, la prioridad debe ser permitir que el texto inicie su trayectoria parlamentaria en Madrid, donde posteriormente se podrán negociar enmiendas e introducir mejoras. De hecho, tras el aplazamiento del CPFF, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reclamó a los de Carles Puigdemont que piensen en «los intereses generales» y dejó claro que estaba dispuesto a mantener reuniones «algunas públicas y otras discretas» con Junts para posibilitar que la propuesta salga adelante. «La tramitación parlamentaria siempre es una ocasión para que las formaciones políticas hagan sus aportaciones; y si hay propuestas de mejora, es el lugar adecuado», añadió. El presidente del grupo parlamentario del PSC, Ferran Pedret, ya dijo antes del aplazamiento que los juntistas saben que la propuesta «es un buen acuerdo y que el nuevo modelo sería una buena noticia para Cataluña», y reclamó a los de Puigdemont no caer en el «autosabotaje».
Desde Esquerra Republicana se mantiene la línea de reivindicar el acuerdo como un paso histórico para el país y se insta a Junts per Catalunya a actuar con «responsabilidad». Voces destacadas de ERC, como la exconsejera Ester Capella, actual portavoz en el Parlamento, han expresado claramente su confianza en que Junts acabará facilitando la tramitación, remarcando que «nadie puede hacer de muro para avanzar» ni impedir que Cataluña mejore sus recursos para sostener los servicios públicos básicos como la sanidad o la educación. De hecho, Junqueras abrió la puerta a apoyar las enmiendas a favor del concierto económico que Junts pueda presentar durante la tramitación en el Congreso. «Si durante la tramitación del modelo de financiamiento presentan enmiendas a favor del concierto económico, es evidente que votaremos a favor. Votaremos a favor de cualquier enmienda que presente Junts en este sentido», manifestó en una entrevista a Europa Press, donde, incluso, se mostró «encantado» de la posibilidad de que ERC y Junts presenten las enmiendas conjuntamente.
Junts rechaza la propuesta y presentará enmienda a la totalidad si llega al Congreso
A pesar de la pinza entre socialistas y republicanos, desde las filas de Junts per Catalunya se mantiene una posición de firmeza. La formación juntista rehúsa sumarse a un proyecto que considera insuficiente si no supone salir del régimen común y acercarse a un modelo de concierto económico pleno que resuelva definitivamente el déficit fiscal estructural. De hecho, ya hace meses que anunció que presentaría una enmienda a la totalidad con un texto alternativo para avanzar hacia el concierto económico. Fuentes del partido han señalado a El Món que se mantienen en la misma posición y dejan claro que con el actual modelo «no hay nada que hacer». En este sentido, las mismas fuentes recuerdan que la propuesta pactada entre ERC y PSC para la investidura de Illa se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. En efecto, el acuerdo entre las dos formaciones manifestaba que «no se trata de reformar el modelo de financiamiento común, sino de cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad», pero, al final, se ha optado por un café para todos que no satisface a los de Puigdemont.
Los juntistas tienen dudas de que el nuevo modelo de financiamiento llegue a la cámara baja debido a la inestabilidad política que vive España, pero, si lo hace, dejan claro que presentarán una enmienda a la totalidad con la propuesta de concierto económico, que previsiblemente tumbarán PSOE y PP, y, posteriormente, centrarán sus enmiendas parciales en la línea del concierto económico, una propuesta que el partido mantiene como línea roja. «Si les queda un ápice de catalanismo, hay un objetivo que podemos compartir, que Cataluña recaude y decida sobre todos los recursos», defendió en este sentido el diputado de Junts Antoni Castellà en una de las últimas sesiones parlamentarias del anterior curso político, donde dejó claro que «la cuestión no es si queremos 4.600 millones de euros. La pregunta es por qué dicen no a 22.000 millones que marchan de Cataluña y no regresan».
