El gobierno español ha dividido el decreto ómnibus que contenía la revalorización de pensiones para evitar el voto contrario de Junts en el Congreso. Una decisión de La Moncloa que permitirá un aumento de las pensiones de un 2,7% y un escudo social más flexible. El gobierno de Sánchez busca así asegurar el decreto y acercarse a Junts, formación que fue muy crítica con las medidas contra los desahucios que se pretendían incluir en el decreto. En el Consejo de Ministros de este martes, el PSOE ha aprobado los dos decretos, el de las pensiones con el apoyo de Junts y el PP, grupos muy críticos con el intento del gobierno español de incluir diversas medidas que no tenían “nada que ver” dentro del decreto de revalorización de las pensiones.

En el caso del decreto del escudo social, el PNV ha jugado un papel clave en su aprobación, ya que el ejecutivo español ha pactado con la formación vasca dejar a los pequeños propietarios exentos de la obligación de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Un pacto que no ha sido bien recibido por parte de Podemos, quien ha asegurado que la pretensión de dejar «en la calle» a estas familias les genera «asco».

Un escudo social modificado

El escudo social fue el detonante del no de Junts. Las medidas, que se intentaban incluir en el decreto ómnibus de revalorización de las pensiones, se han flexibilizado tras el acuerdo entre los socialistas y el PNV. Fuentes del gobierno español en declaraciones hechas a la ACN destacan que el decreto “blinda” a las personas vulnerables. Los acuerdos con el PNV han permitido, sin embargo, que los propietarios de uno o dos pisos no tengan que hacerse cargo de ofrecer una alternativa habitacional y que se refuercen las compensaciones para los propietarios.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante una sesión de control al gobierno español / Europa Press

Desde el PNV destacan que las medidas buscan evitar que los pequeños propietarios se conviertan en “ciudadanos vulnerables” si hay impago por parte de los inquilinos o haya una ocupación. “Permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos evitando que continúen los meses de impago”, señalan los nacionalistas vascos.

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