Junts per Catalunya ha anunciado este martes que ha llegado a un acuerdo con la Moncloa sobre el reparto de los aproximadamente 4,000 menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en las Islas Canarias. El gobierno español ha aceptado regular el reparto a través de un real decreto temporal que se aprobará en el Consejo de Ministros de esta semana. Según el partido de Carles Puigdemont, el decreto “establecerá unos criterios justos y equitativos que sirvan tanto para resolver la situación humanitaria como para ser más eficaces en la labor de integración y oportunidades de vida para los menores”.
Entre los criterios que se utilizarán para determinar el número de menores no acompañados que irán a cada comunidad está el peso poblacional, pero también tendrá en cuenta el esfuerzo que ha hecho Cataluña en los últimos años, ya que ha acogido más menores de los que le correspondían. Además, los territorios que, como Cataluña, han estado por encima de las plazas estructurales que deberían tener, también recibirán una compensación económica “adecuada” para hacer frente a los gastos que genera la acogida de los menores.
“El reparto se realizará entre aquellas comunidades autónomas que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo mucho menor en comparación con el esfuerzo que ha realizado Cataluña”, reza el comunicado de Junts. “Esto significa que del total de menores que se deberán distribuir por el conjunto de la península (unos 4,000), a Cataluña llegarán entre 20 y 30 y a Madrid, más de 700”. De esta manera, Junts considera que con este nuevo decreto “se garantizará un sistema de reparto equitativo y sostenible”.
Cataluña, el territorio que acoge más menores no acompañados
Cataluña se sitúa en el primer lugar de la lista de territorios que más menores no acompañados acoge con 64 plazas del sistema por cada 100,000 habitantes, cuatro más que el País Vasco (60) y 21 más que las Islas Baleares (43), que completa el podio. Por detrás están Asturias (41), Aragón (36), La Rioja (35) y Canarias (34). Según los datos del Ministerio de Juventud recogidos por la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la media de plazas del sistema estatal es de 34. Por debajo de la media están Murcia, la Comunidad Valenciana, Navarra, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Extremadura. Cantabria (23), Madrid (22) y Castilla-La Mancha (21) ocupan los tres últimos lugares.
Fuentes del gobierno español explican que el acuerdo con Junts también supone reformar el artículo 35 de la ley de extranjería. Hace unas semanas, la Moncloa adelantó que ningún territorio quedaría fuera del sistema de reparto y acogida de migrantes. La ministra de Infancia, Sira Rego, aseguró que ni Cataluña ni el País Vasco quedarían fuera de la nueva fórmula. “Estamos poniendo sobre la mesa unos criterios que son los que aplican desde 2022, criterios territoriales, socioeconómicos y análisis de los sistemas de acogida”. El nuevo planteamiento parte del acuerdo entre el mismo gobierno español y el gobierno de las Islas Canarias, que hace un mes pactaron un sistema de acogida conjunto en todo el Estado que tendría en cuenta “la situación de partida y el esfuerzo previo”.
El traspaso de inmigración, el siguiente paso
El reparto de los menores no acompañados era una de las carpetas que Junts y el PSOE tenían pendientes de cerrar desde hace tiempo. El siguiente paso será buscar los apoyos necesarios para aprobar el traspaso a la Generalitat de Cataluña de las competencias de inmigración. La Mesa del Congreso admitió a trámite la proposición de ley orgánica presentada por ambos partidos, que ahora deberán convencer al resto de socios de la investidura de Pedro Sánchez para sacarla adelante. Podemos, Compromís y Esquerra Unida ya han adelantado que están en contra de la medida y que pondrán todas las trabas posibles para evitar que se apruebe.
Además, el gobierno español ha diluido mucho el alcance del acuerdo. El Ministerio del Interior ha asegurado que el control de las fronteras continuará en manos de la Policía Nacional y el Ministerio de Migraciones ha avisado que la Generalitat no tendrá poder para cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que el catalán no podrá ser un requisito excluyente para obtener el permiso de residencia, tal como reclamaba Junts.
