La polémica reforma de la ley del solo sí es sí ha superado un nuevo trámite parlamentario después de que la comisión de Justicia del Congreso haya dado luz verde a la modificación con los votos del PSOE, el PP, Cs, JxCat y PNB. Podemos, ERC y Bildu, que han intentado convencer hasta última hora a los socialistas para salvar el espíritu original de la norma, han votado en contra. De este modo, el partido de Laura Borràs y Jordi Turull avala la reforma impulsada por el PSOE, que incorpora enmiendas técnicas pactadas con los populares.

El Congreso tiene previsto votar la norma este jueves y desde Podemos todavía confían en que el PSOE recapacite y se abra a negociar un texto alternativo con su socio de gobierno y el resto de partidos de la mayoría de la investidura. La diputada del PSOE Laura Berja ha defendido la reforma socialista porque su partido “afronta los problemas no deseados” de la norma –una de las medidas estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero– y ha asegurado que su propuesta «blinda el cambio de paradigma” que supuso la ley del solo sí es sí. “No podía esperar más”, ha dicho.

Yolanda Díaz i Irene Montero a los pasillos del Congreso / Europa Press

El PP aprovecha la división del gobierno español

La diputada popular María Jesús Moro ha justificado la negociación con el PSOE. «La emergencia de cambiar la norma que tanto dolor ha traído nos lleva a apoyarla”. Los populares han aprovechado la división que la reforma ha creado en el gobierno español para hurgar en las diferencias entre el PSOE y Podemos y creen que la norma se habría “podido mejorar todavía más”, a pesar de que se dan por satisfechos con las enmiendas pactadas con los socialistas.

La reforma que defiende el PSOE aumenta las penas de agresión sexual en los tipos básicos –y no como agravantes– en los casos en los que haya violencia e intimidación. Se incrementa hasta cinco años la pena máxima para una agresión sexual «si se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad”. Podemos critica que este planteamiento obliga a las víctimas a demostrar que hubo violencia y las fuerza a revivir la agresión en repetidas ocasiones. En el caso de las agresiones sexuales con penetración vaginal, anal o bucal, la horquilla queda entre 6 y 12 años.

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