Junts ha denunciado que el gobierno español ha vetado una pregunta sobre la financiación de Cercanías dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que debía ser respondida a la sesión de control de este miércoles. Fuentes del partido han explicado a la Agencia Catalana de Noticias que la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, recibió una comunicación en la cual el gobierno español le anunciaba que su pregunta quedaba anulada porque interpelaba a Montero y no a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. La Moncloa considera que todas las cuestiones relativas a Cercanías las tiene que responder Sánchez, que no podía asistir al pleno.
La pregunta de Junts dirigida a la titular de Hacienda, que consta como “aplazada” en el orden del día del Congreso, reclamaba explicaciones en Montero sobre las “próximas medidas de financiación que tiene previsto el gobierno de España en Renfe Cataluña». El ejecutivo español ha justificado la decisión porque la pregunta tenía que ir dirigida a Raquel Sánchez. «Hacienda no es competente para contestar sobre ejecución presupuestaria en infraestructuras», y «la pregunta la contestará cuando esté la ministra competente», defienden fuentes del gobierno español.
La Moncloa centrifuga la pregunta hacia Transportes
El ejecutivo español ha insistido que Sánchez es la ministra competente para responder sobre los planes de futuro de Cercanías, pero por “motivos de agenda” la exalcaldessa de Gavà no estará en el Congreso y, “como pasa tantas otras veces, se les dijo que este miércoles no les podría contestar». Según la agenda de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez solo tiene un acto previsto este miércoles, una visita al Ayuntamiento de Bembibre (León) a las 17.00.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, considera que la decisión de la Moncloa es “política” porque Montero “siempre” ha contestado preguntas sobre la ejecución presupuestaria como la que había planteado su partido. La formación considera que se trata de una simple maniobra dilatoria del gobierno español para no tener que responder sobre la nefasta gestión de Cercanías en plena campaña electoral.
