El PP presentará y aprobará en el Senado un informe propio que sostiene que la Ley de Amnistía es «un golpe mortal contra el Estado constitucional y autonómico» y «el peor atentado contra la seguridad jurídica que se ha producido en España desde 1978». Según recoge la agencia ACN, el borrador, de 26 páginas, se dará a conocer el próximo lunes a la Comisión General de las comunidades autónomas de la cámara alta, aprovechando la tramitación de la ley.
El documento del PP no presenta ninguna sorpresa y recoge de pe a pa todos los argumentos del partido de Alberto Núñez Feijóo contra la amnistía. La ley será tumbada en el Senado, donde los populares tienen mayoría, pero no impedirá que continúe con su tramitación y sea aprobada de forma definitiva en el Congreso de los Diputados en el mes de mayo.
Norma «arbitraria»
El texto que se presentará en el Senado critica abiertamente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien se reprocha que deje sin efecto sentencias judiciales con una norma «arbitraria» y «manifiestamente inconstitucional», que supone declarar «justo» el proceso independentista. El texto insiste que en 2017 en Cataluña se probó de hacer «un golpe de Estado», que justificó la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Para ser legal, hace falta una reforma de la Constitución
El PP asegura que con la Ley de Amnistía, Sánchez quiere dejar sin castigo «la vulneración más grave producida en cuatro décadas del principio de solidaridad» y «la destrucción de la unidad territorial del Estado». Para la formación de derechas españolista, la amnistía solo podría ser legal mediante una reforma de la Constitución, pone en entredicho que el Congreso pueda aprobar la norma y advierte que si el Tribunal Constitucional no lo para se creará un precedente peligroso.
Los populares llegan a tildar la norma de «fraudulenta» porque es «un contrato entre Sánchez y el prófugo Puigdemont», donde «pactan una investidura a cambio de una amnistía». Según los populares, el Gobierno español no tiene legitimidad para aprobar una amnistía que, además, es «inconstitucional» e «incompatible con el principio de separación de poderes».
