El debate sobre el uso del catalán dentro del Congreso ha vuelto a ponerse sobre la mesa después de que la vicepresidenta segunda en funciones del gobierno español y líder de Sumar, Yolanda Díaz, propusiera este pasado miércoles reformar el reglamento del parlamento español porque se pueda hablar en catalán, vasco y gallego. Este jueves por la mañana, reaccionando en las declaraciones de Díaz, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, no ha rechazado expresamente la posibilidad de habilitar el uso de las lenguas cooficiales dentro del Congreso durante una rueda de prensa. Ahora bien, considera que esto supondría algunas «dificultades» poderlo poner en práctica.
A pesar de que el tema se ha vuelto a poner en el centro después de la propuesta de la líder de Sumar, las formaciones independentistas en el Congreso han defendido esta misma idea durante muchos años. Una idea que desde el PSOE siempre han rechazado. Ahora bien, en un contexto electoralista cómo el que nos encontramos en estos momentos, Rodríguez asegura que «las lenguas tienen que utilizarse en cualquier espacio a sabiendas de las dificultades que después tiene su aplicación práctica». La ministra en funciones ha defendido la importancia de hacer un «uso normalizado» de las lenguas cooficiales en todos los espacios del estado, puesto que considera que «forman parte de la riqueza del patrimonio cultural» de España: «Nuestra democracia es una democracia viva, y el desarrollo de la Constitución también», asegura Rodríguez, insistiendo que las «lenguas oficiales se tienen que proteger, amparar y cuidar».
Una propuesta encallada
La iniciativa de hablar catalán en el Congreso ya se ha hecho varias veces por parte de las formaciones independentistas. De hecho, este es uno de los acuerdos a los cuales se llegó el julio de 2022 con la tabla de diálogo tenía por objetivo impulsar el catalán, además de solicitar en el Parlamento Europeo que fuera una lengua que se pudiera usar con normalidad a los plenos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este acuerdo hacía referencia al catalán dentro del Senado y no explícitamente dentro del Congreso. Después de doce meses, pero, todavía no se ha hecho ningún paso adelante para desencallar la situación.
