España ha empeorado su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, reduciendo su puntuación en cuatro puntos y 10 posiciones respecto al año 2023. De esta manera, el estado español se sitúa en la posición 46 de 180 en el ranking global, y en la posición 16 de los 27 países de la Unión Europea.
Esta es la peor puntuación que España recibe en los últimos años, coincidiendo con las diversas investigaciones judiciales que están en curso, como las causas abiertas a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, y al hermano de este, David Sánchez, u otros casos como el “caso Koldo” o la imputación del fiscal general del estado Álvaro García Ortiz.
En este sentido, España se sitúa en el mismo nivel de percepción de la corrupción que otros países como Chipre, la República Checa o Granada, y dos posiciones por debajo de Portugal, que también ha bajado en este último año.
En el informe publicado por la organización Transparencia Internacional, se califican todos los países con una nota de entre 0 y 100, siendo la puntuación máxima una percepción de la corrupción muy baja. En este sentido, España está calificada con 56 puntos y entra a formar parte de la categoría de “democracias defectuosas”, situándose a 15 puntos de las “democracias plenas”.
La media de todos los países del mundo se encuentra en los 43 puntos, y más de dos tercios del conjunto de los países tiene una nota inferior a 50 puntos, según explica Transparencia Internacional.
Faltan reformas anticorrupción
El año 2017, cuando la corrupción era una de las primeras preocupaciones de los españoles según el CIS, y en el debate público se encontraban diversos casos como el “caso Gürtel” o el “caso Púnica”, la puntuación de España era de 57 puntos, uno por encima que la de este año, es decir, que la percepción de la corrupción era menor según este índice.
La lista está encabezada por Dinamarca, con un total de 90 puntos, seguida de Finlandia, con 88, y Singapur con 84.
Según Transparencia Internacional, el descenso de España en este índice se debe a un “estancamiento” de las políticas y reformas anticorrupción a escala nacional. Otro de los factores que más ha incidido ha sido el retraso en la transposición de directivas europeas, con 87 normas pendientes y 30 fuera de plazo. Además, desde la organización también suman factores como que España sigue sin contar con una estrategia nacional anticorrupción y también falta de una legislación sobre conflictos de interés, grupos de interés y un registro central de “lobbies”.
