El Tribunal Constitucional acepta la impugnación del PP contra el gobierno español por no presentar presupuestos. Los magistrados han admitido a trámite el conflicto de atribuciones que ha promovido el Senado, con mayoría popular, contra la Moncloa por incumplir el deber «constitucional» de debatir unas cuentas generales en los años 2024, 2025 y, hasta ahora, 2026. El recurso ha sido impulsado por la mayoría absoluta conservadora de la cámara alta, que asegura que «no se puede admitir ni tolerar el comportamiento» de un ejecutivo que se niega a llevar la principal ley de la legislatura a trámite parlamentario. Se trata, tras esta decisión, de la primera vez que el TC analiza un conflicto entre órganos constitucionales por incumplimiento de la ley orgánica española, señalando que el ejecutivo que preside Pedro Sánchez podría haber atentado contra «varios artículos» de la constitución. En concreto, la cámara sostiene una posible vulneración del artículo 134 sobre los Presupuestos, del artículo 99.2 y del artículo 23.
El gobierno español, cabe recordar, no ha presentado aún unos presupuestos esta legislatura, ante la evidencia de que no lograría la mayoría necesaria para sacarlos adelante. Los múltiples incumplimientos de los acuerdos de investidura, especialmente con las formaciones independentistas catalanas, han alejado la capacidad de la Moncloa para fundamentar sus medidas esenciales. En este sentido, el PP considera que está llevando a cabo una «práctica fraudulenta contra el principio de legalidad presupuestaria». «La situación actual es solo comparable a la de 2020, cuando la crisis provocada por la pandemia provocó que el gobierno no presentara presupuestos», analiza el principal partido de la oposición española; señalando que, a diferencia de la emergencia sanitaria del Covid 19, «los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento de obligaciones constitucionales».
«Abusos de la prórroga»
Así, según los populares, el ejecutivo estaría «abusando de las prórrogas presupuestarias» para esquivar las más que probables derrotas parlamentarias que conllevaría presentar unas cuentas con los equilibrios políticos actuales en el Congreso de los Diputados. En este sentido, piden al TC que declare inconstitucionales las prórrogas de los presupuestos activadas en los años 2024, 2025 y, si llega a producirse, 2026; y confirme su nulidad.
