El PP ya prepara la ofensiva contra la financiación singular catalana. Después de que el gobierno español y la Generalitat hayan revelado la estructura del nuevo modelo, que se debatirá después del verano, la derecha española ya se ha comprometido a «derogarlo». Según el portavoz popular, Borja Sémper, la fórmula que han propuesto los dos ejecutivos «asfixia el bolsillo de todos los españoles». Cabe recordar que aún no se han concretado las cifras de las aportaciones de solidaridad catalanas, ni el reparto de la caja común que fundamenta el sistema. Aun así, Sémper sostiene que el pacto amenaza «la equidad de todos los españoles».
Durante una atención a medios, el portavoz popular ha vinculado las negociaciones por la financiación singular con los casos de corrupción que rodean a la dirección del PSOE. A juicio de Sémper, el acuerdo con la Generalitat es una «compra del silencio» de los partidos catalanes «ante la corrupción». Además, cuestiona el fundamento de la norma, que busca ser generalizable a todas aquellas administraciones autonómicas que busquen controlar su estructura fiscal. En este sentido, la derecha española quiere «volver a un modelo que garantice la equidad»; a pesar de que la actual estructura de financiación lleva más de 12 años caducada. Cualquier paso en un sentido diferente, sostiene, debe acordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano marcado por el rechazo de los territorios gobernados por el PP a cualquier propuesta catalana -especialmente por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-.
El PP catalán desconfía del acuerdo
Como sus líderes madrileños, el PP catalán también descarta que el modelo pactado por la Generalitat y el gobierno español pueda ser «singular y generalizable». El secretario general de la rama catalana de la derecha españolista, Santi Rodríguez, califica las conversaciones de «intento de ocultar lo que realmente se puede acordar». «No nos lo creemos», ha rematado Rodríguez, asegurando que el nuevo sistema podría «ser contrario al Estatuto de Autonomía» que su partido llevó al Tribunal Constitucional en el año 2006.
Los populares atribuyen al modelo de financiación un profundo significado político. Según Rodríguez, el nuevo sistema «romperá con el régimen fiscal común», una aspiración catalana que ya ha negado a menudo el gobierno español; y busca que «los independentistas logren desconectar Cataluña del resto de España». A diferencia de Génova, que busca «volver» al modelo ya vigente, el PPC reconoce la necesidad de mejorar la financiación catalana, pero llama a un acuerdo «justo, equilibrado y sin privilegios». Así, se aviene a ratificar cualquier movimiento en el CPFF, un entorno favorable al españolismo.
