La Mesa del Congreso ha pospuesto por segunda vez la decisión sobre la proposición no de ley presentada por Junts para reclamar a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. El gobierno español se había mostrado muy contundente y apostaba por vetar directamente la propuesta, pero desde la Mesa, controlada por el PSOE y Sumar, han sido más prudentes y han congelado la decisión porque quieren darse más tiempo para analizar la situación. La próxima oportunidad será a finales de febrero.
Con esta patada hacia adelante, la Mesa del Congreso da seis semanas al PSOE y a Junts para que busquen un acuerdo que permita retirar la proposición de la cuestión de confianza y dé al partido de Carles Puigdemont garantías del compromiso de la Moncloa para cumplir con los acuerdos de investidura. El presidente en el exilio había amenazado con “consecuencias irreversibles” si no se tramitaba la ley, mientras que el secretario general, Jordi Turull, advirtió que tomarían decisiones que “no gustarían” al PSOE. Ahora que la proposición no se ha tumbado, pero tampoco se ha acordado su tramitación, habrá que ver cuál es la reacción de Junts.
La Moncloa no quiere una ruptura total con Junts
Tras varios días de presiones de Junts, el gobierno español llegaba al día clave con un mensaje unánime: la proposición no de ley de los independentistas catalanes para forzar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza no lleva a ninguna parte porque es una prerrogativa del presidente español —nadie lo puede obligar— y porque incluso si se aprobara, la proposición tampoco tiene efectos jurídicos. Este jueves por la mañana, varios ministros de Sánchez han hecho una ronda de entrevistas por varios medios para trasladar la idea de que el tacticismo político no tiene cabida en esta cuestión.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sido de los primeros en hablar y ha confiado en que el hipotético ‘no’ de la Mesa –habló cuando aún no se había tomado la decisión– “no lleve a una situación en que todo lo que se ha construido y lo que podemos construir en el futuro no se lleve a cabo”. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha ido un poco más allá y ha asegurado que la iniciativa es un despropósito sin sentido. “»Es de sentido común que una cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del gobierno, y no podemos tramitar esta proposición no de ley que, además, no tiene ningún otro tipo de efecto”, ha espetado.
También ha hablado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha reclamado a Junts que pase página del Procés. «Junts debe pensar que se trata de dar soluciones y respuesta al conjunto de los catalanes, que ya se manifestaron en las urnas y dijeron que estaban hartos de tanta polémica y de política artificial, y por eso decidieron apostar por el liderazgo del presidente Illa, que basó su campaña electoral en servir al pueblo catalán”. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido aún más contundente y ha dicho que la proposición de Junts no tiene “ningún fundamento constitucional”.
