La Mesa del Congreso ha aceptado a trámite la proposición no de ley de Junts que reclama al presidente español, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza. La luz verde de la Mesa llega días después del pacto entre Junts y el PSOE para aprobar un nuevo decreto con las principales medidas del escudo social a cambio, entre otras cosas, de la tramitación de la propuesta de Junts, que quiere que Sánchez comparezca ante el Congreso para dar explicaciones sobre el pacto de investidura y exponga ante la cámara las razones que lo hacen merecedor de la confianza de sus socios de investidura. Fuentes del Congreso han explicado que la proposición se podría debatir en el pleno del próximo 25 de febrero o en el siguiente, previsto para el 11 de marzo, en función de si el resto de grupos agotan sus turnos a la hora de presentar iniciativas.
Durante la reunión de esta mañana, el PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa, han levantado el aplazamiento indefinido sobre la tramitación que se arrastraba desde hace semanas y han aceptado que el Congreso pueda debatir la iniciativa. En la práctica, la proposición no de ley no obliga a nada al presidente español, Pedro Sánchez, que es el único que tiene la potestad de convocar una cuestión de confianza y ya ha avanzado en varias ocasiones que no piensa someterse. Con todo, el PSOE y Junts todavía tienen tiempo para propiciar un acercamiento y evitar que el Congreso acabe reprobando a Sánchez y su gobierno. Ambos partidos disponen ahora de entre tres y cinco semanas para retomar el diálogo sobre cuestiones centrales como el traspaso “integral” a Cataluña de las competencias en inmigración, la oficialidad del catalán en la Unión Europea o la amnistía política de Carles Puigdemont.
El traspaso de las competencias en inmigración, la clave
De todos los incumplimientos que Junts tiene marcados en rojo, el traspaso de las competencias en inmigración es el que está más avanzado y el que podría marcar la diferencia cuando llegue al Congreso el debate sobre la propuesta de cuestión de confianza de Junts. En las últimas semanas, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y otros miembros del gobierno español han reconocido que las negociaciones están “muy avanzadas”, pero hace tiempo que hay “puntos de fricción” que impiden cerrar el acuerdo. El más importante, y que no será difícil de salvar, es el control de fronteras. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, bajo una gran presión de las asociaciones de policías españoles, se resiste a cederlo a los Mossos y tampoco ve clara una gestión compartida con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Tampoco hay acuerdo sobre si la policía catalana debe participar en la concesión de NIE o si la Generalitat debe tener competencias para incidir en la política migratoria.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, apunta que hay margen para “restaurar la confianza” con el gobierno español, aunque fuentes del partido consideran que las posibilidades de encontrar puntos de acuerdo con el PSOE a corto plazo son “muy bajas”. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, es partidaria de mantener el debate sobre la cuestión de confianza pase lo que pase. “Vale la pena que el debate se haga y también que se vote”. El texto aprobado por la Mesa de Congreso es una versión aguada de la primera propuesta de Junts, que ha aceptado rebajar el tono de su escrito a cambio de su tramitación y reconoce que se trata de una iniciativa “política” sin ninguna “vinculación jurídica”.
