El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la reforma del Código Penal que busca detener el fenómeno de la multirreincidencia elevando las penas. El texto impulsado por Junts per Catalunya concluye así un periplo parlamentario que se inició en el año 2024 y, después de meses estancado, se reactivó en noviembre del año pasado después de que el partido de Carles Puigdemont rompiera los puentes de negociación con el gobierno español y diera por terminado el acuerdo de Bruselas por los incumplimientos del PSOE y diera por «bloqueada la legislatura».
La norma ha recibido el apoyo del PSOE, el PP, Vox, Junts per Catalunya, PNV, Coalición Canaria y UPN. Por otro lado, Esquerra Republicana se ha abstenido en una votación en la que Sumar, el socio minoritario del gobierno español, y el resto de sus aliados de izquierdas –Bildu, Podemos, BNG y Compromís– han votado en contra. Con su aprobación, se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza hasta tres años de prisión el robo de móviles. Además, se tipifica como delito el petaqueo –el suministro de combustible en alta mar a las narcolanchas–, así como los robos en el campo de material y herramientas.
La ley validada por la cámara baja también castiga con penas de entre uno y seis años de prisión a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros, pero que sean multirreincidentes. Es decir, que tengan tres condenas por este delito. Otra de las medidas contempladas en la ley es que el juez que investigue delitos cometidos a través de internet pueda retirar cautelarmente contenidos ilícitos e interrumpir los servicios que ofrezcan estos contenidos o incluso bloquearlos si radican en el extranjero. Asimismo, los magistrados podrán adoptar con mayor eficacia medidas cautelares de carácter personal, incluida la prohibición de acudir o residir en determinados lugares. También se ha aprobado que la norma entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y no 20 días después, como había propuesto el Congreso.
Veto del gobierno español a dos enmiendas
En su paso por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, se aprobó una enmienda pactada por PP, Vox y Junts, que modificaba la Ley de Extranjería para que en los procesos de regularización de inmigrantes, como el que tiene en curso el Gobierno, se asegure que el solicitante no tenga antecedentes penales ni procedimientos abiertos y que no esté sujeto a ningún país. En la cámara alta también salió adelante otra propuesta del PP que exigía al Gobierno ampliar en dos años las plazas de Fiscalía de área, provinciales y de comunidad autónoma a razón de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a los 50.000.
El gobierno español podría haber perdido estas dos votaciones, pero no se han llegado a votar en el pleno porque la Moncloa vetó su tramitación alegando que suponían un sobrecoste presupuestario. El veto fue aceptado en la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, que avalaron que el ejecutivo hiciera uso de su facultad para frenar el debate de propuestas que supongan un incremento de gasto presupuestario o una merma de ingresos.
