El Ministerio de Cultura ha comunicado formalmente a la Fundación Francisco Franco el acuerdo para su extinción, según ha informado el mismo departamento. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado el procedimiento amparado con la ley de memoria democrática, el paso previo al cierre de la entidad. Fundada en 1976, la Fundación Francisco Franco se dedica “principalmente” a la difusión de la “dimensión humana y política” del dictador, según sus estatutos.
La ley de 2022 remarca que la apología del franquismo que enaltezca el golpe de estado y la dictadura o que enaltezca a sus dirigentes son actividades “contrarias al interés general”. Es competencia del Ministerio de Cultura instar la extinción judicial de las fundaciones que puedan incurrir en este enaltecimiento, como sería el caso de la Fundación Francisco Franco.
Según la ley de fundaciones, el procedimiento previo a la extinción comienza con el acuerdo de inicio, que Urtasun firmó el pasado 24 de octubre, y la notificación a la fundación, que ya se ha efectuado. Ahora la entidad tiene 10 días hábiles para presentar alegaciones y, pasado el plazo, comienza el período de prueba. Posteriormente, se aprueba la propuesta de resolución, que también se notifica a la fundación y se abre un nuevo período de alegaciones de 10 días hábiles más.
El siguiente paso es que la Abogacía del Estado elabore un informe y se resuelva el acuerdo para instar la extinción judicial, que se traslada de nuevo a la Abogacía del Estado para que lo tramite a la autoridad judicial correspondiente. Después se firma la resolución judicial que acuerda la extinción y el último paso es liquidar los bienes de la fundación, que se destinarán a otra entidad sin ánimo de lucro.
El Congreso tapa los vacíos legales
El pleno del Congreso aprobó el pasado mes de abril la modificación de la ley de asociaciones con el objetivo de disolver cualquier entidad que enaltezca el franquismo o que menosprecie y humille a las víctimas del golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura. El objetivo de la modificación –que contó con los votos de la mayoría de investidura, la abstención del PP y el voto contrario de Vox– era evitar que la Fundación Francisco Franco, que ya tenía un proceso abierto por el Ministerio de Cultura para su disolución, encontrara una vía de escape convirtiéndose en asociación.
