Cataluña ha tomado la decisión de abstenerse en el reparto de menores migrantes no acompañados que ha pactado el gobierno español con las autonomías en una reunión en Tenerife. Cataluña considera que «no se ajusta a la realidad» y, por lo tanto, no le ha apoyado. Así lo ha explicado el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, al salir de la reunión que ha durado cuatro horas. «Al sistema de protección de la infancia tenemos acogidos 2.369 menores migrantes, pero el Ministerio tan solo contabiliza 1.417. Hasta que las cifras no sean las reales, no podemos avalar ninguna propuesta«, ha razonado Campuzano.
A banda, el consejero ha cargado contra el gobierno español por no tener en cuenta la singularidad catalana en la reforma de la ley de extranjería que quiere llevar a cabo. «Reconocemos la singularidad de Canarias, Ceuta y Melilla en la acogida de los jóvenes migrantes solos, pero reclamamos que también se tenga en cuenta la situación de Cataluña, puesto que durando este año ya se han acogido casi 1.500 jóvenes y en ningún momento hemos contado con el apoyo del estado español», ha lamentado Campuzano. El consejero ha argumentado que Cataluña «ha pasado de borde 800 plazas en 2017 para acoger los jóvenes migrantes solos a unas 4.000 que tenemos operativas actualmente». «Hemos acogido y queremos continuar siendo tierra de acogida, pero ni lo podemos hacer solos ni queremos hacerlo sin los suficientes recursos ni la suficiente planificación», ha advertido.
Las propuestas que había hecho Cataluña
El Gobierno envió a la Moncloa una serie de propuestas para la reforma de la ley de extranjería para que se tenga en cuenta «el esfuerzo real» que supone para Cataluña. Una de estas medidas que se proponían era que se tuviera en cuenta el sobreempleo de las diferentes comunidades autónomas, así como el tiempo de estancia de los jóvenes y los recursos disponibles en el sistema, con el objetivo de «garantizar un reparto justo y equilibrado». Así, se proponía que cada comunidad reservara un mínimo de un 25% de las plazas de atención a la infancia a la acogida de estos jóvenes y que se considere que hay sobreempleo cuando se supere el 150% en el caso de Canarias, Ceuta y Melilla, y del 175% en el resto de territorios.
A banda, también se pedía que el traslado de los menores se haga una vez esté acreditada su edad y que se respeten las competencias catalanas exclusivas en materia de infancia. Campuzano ha explicado que la semana pasada llegaron 200 personas de las Canarias que se suponía que eran mayores de edad, pero que al menos 9 no lo eran. «¿Cómo es posible que salgan como adultos de las Canarias, lleguen a la península y las comunidades autónomas descubramos que son menores? ¿Cómo es que la Fiscalía tarda meses a proceder a la determinación de la mayoría de edad o no de estos jóvenes? ¿Cómo es que existe tráfico de pasaportes poco creíbles de Gambia y que el gobierno sea incapaz de resolverlo?», se preguntaba el consejero.
Así, Derechos Sociales ha lamentado que la distribución de menores no vaya acompañada de financiación y ha exigido que se active e incluya fondo para las autonomías que hace tiempos que hacen un gran esfuerzo que no se ha compensado nunca.
