El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha anunciado este jueves que el gobierno de este territorio presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda del territorio lo ha justificado por una supuesta vulneración del principio de igualdad, porque «la democracia no existe fuera de la Constitución» y la ley «ataca el estado de derecho». En otras palabras, a Castilla y león están preocupados para que la ley sea un cambio que solo afecta casos catalanes, y para ellos esto es un principio de desigualdad.
La amnistía, según ha apuntado Carriego, «supone una modificación constitucional encubierta» que «rompe la separación de poderes». La Junta de Castilla y León ha fijado como fecha máxima para presentar el recurso lo próximo 11 de septiembre, irónicamente la Fiesta nacional de Cataluña. De hecho, para las autoridades de Castilla y León, la ley está ayudando a indultar personas que habían cometido actas en contra de la Constitución, lo cual se supone que querría decir que se habrían «saltado las normas» por las cuales se rigen todos los españoles.
Amnistía e ideología
La ley de amnistía, actualmente, ha sido una de las normativas que más policías ha indultado de la historia. Ahora bien, a pesar de que la amnistía ha beneficiado 46 policías investigados por los hechos del 1 de octubre, Carriedo ha afirmado que la amnistía discrimina por razones «de ideología» entre ciudadanos, porque «perdona» los que defendían la independencia, y no «los que defendieron la legalidad vigente». «Solo los que perseguían como finalidad la independencia se ven amnistiados, y los que van proteger las leyes vigentes no se ven afectados». Por eso, según el consejero, la ley «vulnera la libertad ideológica», así como los derechos «a la libertad y a la seguridad» y «a la tutela judicial efectiva».
