La guerra judicial entre la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y el juez Juan Carlos Peinado continúa abierta. La defensa de Begoña Gómez ha anunciado este viernes que presenta una querella contra el magistrado responsable del caso por los delitos de prevaricación y revelación de actuaciones secretas en la instrucción del caso que investiga un supuesto delito de corrupción y tráfico de influencias alrededor de la mujer del presidente del gobierno español: «Se ha producido una filtración constante de los documentos y actuaciones del proceso judicial que, si no secretas son reservadas (…) en grave perjuicio del derecho de defensa e indefensión de nuestra representada«, apunta la querella, a la cual ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias (ACN).
Según apuntan desde la defensa de la mujer de Sánchez, la querella que han presentado contra el magistrado instructor del caso refleja que el juez Peinado podría haber cometido un delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas. Concretamente, que el magistrado del Enjuiciado número 41 de Madrid habría detallado información secreta en Vox, el Movimiento de Regeneración Política de España y el parasindicato ultra Manos Limpias, las cuales acabaron publicadas a la prensa. A banda, en el escrito también detallan que el juez instructor del presunto caso de corrupción ha adoptado decisiones judiciales «arbitrarias y manifiestamente injustas» mediante la emisión de resoluciones judiciales o la adopción de decisiones comunicadas de manera verbal: «El magistrado ha efectuado una aplicación del derecho incomprensible, ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, sin ninguna motivación y contradictorias y, todo esto, sin pie de recurso ante estas en considerables ocasiones», apuntan.
Segunda querella por prevaricación en una semana
Con la querella presentada este viernes por la defensa de Begoña Gómez se suma a la que presentó este pasado martes, justo después de la citación a Pedro Sánchez ante Peinado a la Moncloa, la Abogacía General del Estado por prevaricación. En aquel caso, la abogacía justificaba la querella contra el magistrado en defensa de la «dignidad de la institución» de la presidencia del gobierno español.
