La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha conducido la celebración del 45.º cumpleaños de la Constitución española, firmada en 1978 con un discurso donde ha remarcado que «ser constitucionalista no consiste a levantar la carta magna como si se tratara de un tótem, sino asumir que se puede llegar a acuerdos para cumplirla y para desarrollarla». Es bajo esta premisa que la presidenta de la mesa de la cámara baja defiende que «estar a favor de la Constitución» no es excluyente de quererla reformar. De hecho, desde su punto de vista, es “legítimo” plantear que la Constitución no se tiene que revisar, pero también lo es defender su renovación, “al menos en cuestiones básicas, como por ejemplo convertir el Senado en una verdadera cámara de representación territorial o responder las exigencias del siglo XXI”: «El que no está de ninguna forma en discusión es nuestra total obligación de cumplirla», añade Armengol.
Estas palabras de la presidenta de la cámara baja han levantado mucha polvareda entre las filas del Partido Popular, la oposición principal al nuevo gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el hecho que Armengol se haya mostrado a favor de revisar -que no cambiar- la carta magna, esencialmente en la representación territorial, consideran que es poner en entredicho toda la Constitución. Según los populares, Armengol ha leído «un discurso hecho en Ferraz», en referencia en la sede del PSOE, «en una jornada en que todos tenemos que honorar y defender nuestro texto constitucional» y «nunca cuestionarlo»: «Armengol está convirtiendo el Congreso en una sucursal del PSOE», argumentan fuentes de los populares.
Una rectificación urgente
Según la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo, Armengol tiene que «dar explicaciones urgentes» sobre sus referencias al «proceso de toma de decisiones» sobre la «cuestión territorial», porque «se está poniendo al frente de las reivindicaciones de quienes han planteado una enmienda a la totalidad en nuestra Constitución en forma de una amnistía que va camino de convertirse en la primera ley del gobierno de la legislatura». Fuentes de la presidencia de la cámara baja, pero, recuerdan que el título VIII de la Constitución es la base del proceso de descentralización autonómica, y han apuntado que la presidenta hacía referencia a la necesidad de reforzar el Estado autonómico y «acercar, por lo tanto, los ciudadanos a la toma de decisiones».
