El pleno del Congreso acoge este martes por la tarde el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía, registrada por el PSOE en solitario el pasado 13 de noviembre. La tramitación de la norma, que se hace por vía de urgencia para acortar plazos, llega con la derecha política y mediática sublevada por los acuerdos de los socialistas españoles con los independentistas para permitir la investidura de Pedro Sánchez. El presidente español ha admitido que no estaba entre sus planes sacar adelante una ley como la que se discute en el hemiciclo y será aprovechado tanto por el PP como por Vox para desacreditarlo y calentar más los ánimos.
La proposición de ley de amnistía figura por primera vez en la orden del día de un pleno de la cámara baja desde que el PSOE la registró. Esta exigencia de Junts per Catalunya y Esquerra para apoyar la investidura de Sánchez comporta un camino largo que culminará, previsiblemente, con la aprobación definitiva hacia la primavera. Los socialistas españoles registraron la proposición de ley en solitario y serán, por lo tanto, los encargados de defenderla en el pleno de este martes. No se espera ninguna sorpresa de última hora, de forma que superará el primer filtro en la cámara baja y se permitirá la toma en consideración de la propuesta gracias a la mayoría parlamentaria que facilitó la investidura de Sánchez.
Una vez la ley obtenga el visto bueno del Congreso, empezará entonces un primer plazo de presentación de enmiendas. Como que el PSOE y sus socios parlamentarios han pedido la tramitación por la vía de urgencia, este plazo se reduce en la mitad y, por lo tanto, será la semana del 18 al 22 de diciembre, que enlaza con las vacaciones de Navidad. Pero no será hasta 2024, previsiblemente en enero, cuando la norma se debatirá en comisión y acabe el recorrido en la cámara baja.
El PP frenará la norma en el Senado
Después de este proceso en el Congreso, la norma pasará al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo tiene la intención de dilatar el proceso y agotar el plazo de dos meses que marca la Constitución para debatir la norma, después de reformar el reglamento de la cámara alta y eliminar la posibilidad de tramitarla de urgencia en 20 días. El PP defiende que esta reforma normativa “mejora la calidad democrática” de la cámara y, para justificar el cambio, recuerda los problemas que surgieron con la tramitación de la llamada ley del
Esto quiere decir que esta etapa se podría alargar hasta finales del mes de marzo, cuando la norma volvería al Congreso para su aprobación definitiva con la mayoría parlamentaria. Una vez quede aprobada, se prevé que sea en primavera, el siguiente paso es su publicación en el Boletín Oficial del Estado
Aliados y detractores en el Congreso
Con este calendario, hay que tener en cuenta también el tablero político actual, con un Podemos que ha roto peras con Sumar y se estrena con los cinco diputados como parte del Grupo Mixto. De hecho, según apuntan algunas informaciones, la formación violeta no apoyaría la norma si esta incluye delitos de malversación. Si los cinco diputados de Podemos se abstuvieran en la votación definitiva, el bloque que apoya al gobierno español solo tendría 173 apoyos. Es decir, la norma continuaría recibiendo el apoyo del Congreso de los Diputados, pero solo con un diputado de margen. En cambio, si Podemos votara en contra, la norma no se podría aprobar.
Por otro lado, está la oposición, que hace días que se manifiesta en las calles contra la ley de amnistía. El Partido Popular juega el papel principal de la oposición y confronta la propuesta del Ejecutivo de Sánchez con un discurso basado en la unidad del Estado español y espera obtener la colaboración de Europa para frenar la norma. De hecho, la vicesecretaria de organización del PP, Carmen Fúnez, declaraba este domingo en una entrevista en
La amnistía también protagonizará la sesión de control
El día siguiente al primer debate sobre la amnistía en el Congreso este asunto continuará en primera línea y centrará la primera sesión de control, que no contará con la presencia del presidente del gobierno español, que tiene un compromiso comunitario. Según el listado de cuestiones registradas por los grupos, hay dos miembros del PP que quieren preguntar expresamente por la amnistía.
Es el caso de la nueva portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que quiere que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, detalle «cuál es la aportación exacta de la ley de amnistía a la convivencia entre españoles». Y, por otro lado, el responsable económico del PP, Juan Bravo, tiene intención de retar la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a decir si «continúa pensando que la amnistía es inconstitucional».
