De momento, no hay noticias sobre la posibilidad que el presidente al exilio Carles Puigdemont tenga un escolta de los Mossos d’Esquadra. Desde el departamento de Interior aseguran que el ministerio todavía no los ha trasladado ninguna respuesta después de la petición oficial que hizo el consejero del ramo. Joan Ignasi Elena, el pasado 14 de noviembre. El silencio hacia la consellería también se ha trasladado al Congreso de Diputados, donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a través de una respuesta parlamentaria al grupo del Partido Popular, ha señalado que no puede ofrecer ninguna información porque es, sencillamente, «secreto» de Estado.
Hasta ahora, el ministerio se limitaba a dilatar la respuesta oficial alegando que estaba esperando un informe de la Abogacía del Estado. Un informe que ya hace tres meses que se está elaborando sin ninguna respuesta concreta. De todas maneras, fuentes de Interior apuntan que esperan a dar respondida una vez se haya aprobado la ley de amnistía por desbrozar el camino legal. Por su parte, fuentes de los Mossos d’Esquadra aseguran en El Mundo que ya se ha preparado qué dispositivo de seguridad y protección personal podría tener el presidente. Si bien en principio era un servicio de cuatro efectivos por cada 24 horas, finalmente se reduciría a tres. De todas maneras, todavía se tendrían que especificar las condiciones salariales y de anticipos para los integrantes de la cápsula de protección.
La petición de adjudicar escolta de Puigdemont hace tiempo que se arrastra. De hecho, el consejero Miquel Buch y posteriormente Miquel Sàmper se desgañitaron reclamando la posibilidad de poder disponer de un escolta porque la seguridad y la integridad del presidente al exilio, incluso como eurodiputado, podría verse comprometida. Al final, la policía flamenca hace controles indirectos y no invasivos para garantizar su seguridad, igual que la Policía Nacional Francesa o la Gendarmerie en sus desplazamientos en la Cataluña Norte. Precisamente, Miquel Buch fue condenado el pasado mes de septiembre acusado de haber contratado como cargo de confianza el sargento de los Mossos Lluís Escolà para que, en realidad, hiciera tareas de protección del presidente al exilio. Una sentencia por prevaricación y malversación durísima con la cual le hacían pagar al mozo haber ayudado a marchar al exilio al presidente con l‘operación Mazda.
«Pondría en riesgo la seguridad del protegido»
En la respuesta parlamentaria, del pasado 12 de febrero y a la cual ha tenido acceso El Mon, Marlaska responde a las diputadas María Jesús Moro y Ana Belén Vázquez, las dos del PP, que se está a la espera de los informes de los letrados del Estado. Un documento que tiene que valorar «la adecuación al ordenamiento jurídico de la solicitud mencionada y, si procede, el cuerpo policial competente para llevarla a cabo». En este sentido, el cuerpo policial serían los Mossos d’Esquadra.
Ahora bien, el mismo documento destaca que la información sobre un posible servicio de escolta al presidente es un «objeto de un acceso restringido y limitado a personal autorizado» dando por sentado que puede «afectar la seguridad y la defensa del Estado». Un dato que «determina su clasificación como Secreto o Reservado», en nomenclatura de la ley de Secretos Oficiales 9/1968 de 5 de abril.
«Hay que señalar», añade el documento, «que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre del 1986, ampliado por Acuerdos de 17 de marzo y 29 de julio del 1994, otorga el carácter de Reservado a aquella información relativa a las plantillas de personal y medios y equipo de las Unidades». «Por este motivo, la difusión de la información solicitada revelaría datos sobre capacidades y dimensionado de las plantillas destinadas a los cometidos de protección, poniendo en riesgo la seguridad del protegido y de los mismos agentes, perjudicando, con esto, los intereses de la seguridad pública», concluye el ministerio.
