Nueva etapa a la Moncloa. La maniobra de Pedro Sánchez ha despertado nuevas suspicacias sobre qué objetivo soterrado podría tener su «reflexión» y por después llegar a la decisión de continuar como presidente del gobierno español. Evidentemente, más allá del discurso oficial que hay que parar la ofensiva de la derecha juridicopolítica, en palabras de Sánchez, los discursos de Salvador Illa en los actos de campaña de las elecciones del 12 de mayo y las declaraciones de los socios de gobierno como Sumar, así como las presiones de Junts por Cataluña y ERC, indican otro objetivo.
En concreto, emprender la reforma del poder judicial con un profundo cambio de paradigma. Además de espolear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un objetivo que, este lunes mismo, Illa ya apuntaba que hay que afrontar, cosa que pide superar las trabas que pone el PP. De hecho, el ministro de Justicia y Presidencia, Fèlix Bolaños, ya hace días que se ha puesto en marcha, con la presentación del decreto ley ómnibus de reforma de la ley de agilización de la justicia, que se convalidó el pasado mes de enero. Una revisión de varios aspectos procesales que, en principio, limitan más la arbitrariedad de la aplicación del Código Penal.
Además, hay que sumar una de las iniciativas que podría girar como un calcetín el sistema procesal penal español. Concretamente, dejar la instrucción de las causas en manos del ministerio fiscal, abrir el acceso a la carrera judicial y una contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dejó en herencia el PP, cuando la cartera de Justicia estuvo en manos de Alberto Ruiz Gallardón. Una regresión que cambió el sistema de elección de jueces y magistrados y favoreció la complejidad política de renovar un órgano clave del entramado del Estado como es el Consejo General del Poder Judicial.
De Narcís Serra a Ernest Lluch, las reformes modelo
Uno de los recursos más utilizados por Salvador Illa en sus intervenciones en los actos de campaña de las elecciones del 12 de mayo es, precisamente, el papel reformista del PSOE a través del PSC. Así, recuerda y enfatiza dos grandes reformas que, según su criterio, ayudaron a la modernización del Estado, hechas por ministros catalanes. Por un lado, Ernest Lluch como ministro de Sanidad que universalizó la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos y racionalizó el sistema de protección médica y salud pública, desde una vertiente social y, como no podía ser de otro modo, desde la perspectiva económica. Por otro lado, la reforma integral que llevó a cabo Narcís Serra de las fuerzas armadas españolas empapadas de franquismo, y más después del golpe de estado del 23 de febrero de 1981.
Siguiendo esta estrella que Illa propugna día sí día también, fuentes de la formación defienden una reforma del Poder Judicial teniendo presente que nunca se podrá evitar «un juez que vaya un paso más allá de sus funciones». La prioridad del PSOE es ahora la renovación del CGPJ y, de hecho, ya ha empezado la campaña para apuntar al PP como responsable del atasco. Todo ello en un marco en que la negociación para renovar el órgano de dirección de la magistratura se haya tenido que hacer en Bruselas e igualmente haya acabado en fiasco.
La presión de la Unión Europea y los tirones de orejas en el Estado de las instituciones de control democrático de los órganos judiciales son un aliado de Sánchez en esta nueva etapa. Jéssica Albiach, de los Comunes, apuntaba a la vía rápida de la renovación este mismo lunes, cuando proponía empezarla «sin esperar la derecha». Una vía que la actual mayoría en el Congreso permitiría, incluso sin necesidad de una reforma integral de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De hecho, el exdecano del Colegio de la Abogacía de Barcelona y catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona Jaume Alonso Cuevillas, cuando era diputado a Madrid, sugirió un cambio normativo para hacer renovaciones prácticamente automáticas. Una propuesta que, finalmente, decayó.
Feijóo le ve el plumerp a Sánchez
La frase de Pedro Sánchez este lunes a la Moncloa asegurando que ahora «todavía tiene más bastante» ha tenido una interpretación extensiva entre la militancia, cuadros y votantes. Solo el hecho que difundiera la carta el pasado miércoles ya se empezó a notar a las microencuestas con las que trabajan los partidos y las empresas de demoscopia. El PSC, pero, intenta no entrar en la valoración más prosaica de la acción de Sánchez y, como mucho, se limitan a señalar y de forma discretísima que «no los va mal» en términos electorales sin ningún tipo de euforia o sensación de gol de oro de cara el 12-m. Antes al contrario, hay cierto punto de tono descreído.
Ahora bien, sí que uno de los efectos que contempla la maniobra del líder del PSOE es que se ha reforzado el liderazgo ante la derecha. Como muestra, la respuesta del jefe de filas del PP, Alberto Núñez Feijoo, que lo acusa de querer cambiar el régimen del 78 “por detrás” y, incluso, de ”utilizar” Felipe VI dentro de su “teatro”. Incluso, asegura que intenta ser «más presidente a cambio de menos democracia». Una manera de advertir que le ha visto el latón a los socialistas, incluso utilizando la figura del monarca español, Felipe de Borbón, a quien ha ido a ver al Palacio de la Zarzuela antes de la declaración institucional.
El manual Bolaños
Feijóo ha vinculado la decisión de Sánchez con las iniciativas parlamentarias de Juntos, ERC, Bildu y PNB y el plan normativo del gobierno que hace un mes presentó Bolaños. Un plan y propuesta que recupera una revisión de arriba abajo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que convertiría los jueces instructores en jueces de garantías y otorgaría al ministerio fiscal el poder de la instrucción. Una manera de cambiar por la vía rápida el poder de los jueces, que no ya serían proactivos en la instrucción, dejando de banda esta duplicidad entre «encontrar la verdad» y «garantizar los derechos» procesales. Además, Bolaños ha animado la Fiscalía a reformar el Estatuto Fiscal, que a pesar de que es una demanda histórica de los miembros del ministerio público ya no cuenta con el apoyo de la Asociación Profesional e independiente de Fiscales, que ha abandonado las incipientes negociaciones en una respuesta abiertamente política.
Por otro lado, la combinación de la presión para renovar el CGPJ, la sensación del lawfare político y mediático constando y amenazando, el refuerzo de la mayoría progresista y el apoyo parlamentario del soberanismo abre la vía a reformar la LOPJ para empezar a reconvertir el poder judicial y someterlo a un control más efectivo y transparente de su poder y sus decisiones. Incluso, el presidente interino del Consejo, General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ya envió un borrador de propuesta de reforma hace todavía no una semana al gobierno español. El gesto de la Moncloa fue limitarse a «agradecer» el esfuerzo. Una nueva etapa que, de momento, está a la espera de los próximos debates mediáticos que se abren a raíz de la «crisis de la reflexión».
