Poco después de las nueve de la mañana, un piquete recorre la calle Urgell de Barcelona recordando a los establecimientos abiertos que es día de huelga general y que deberían cerrar. Hacen algunas pintadas que dicen «11-M, huelga general», gritan consignas por el derecho a la vivienda. Tras llevar su mensaje a un supermercado abierto, se detienen frente a una tienda de muebles cerrada y sacan los aerosoles: «PSC desaloja», dejan escrito en la fachada. Una travesía más abajo, han dejado la misma pintada, en este caso hecha en el suelo.
No será el único indicio de que la huelga bendecida por la Moncloa y por el PSOE y bien vista por la plaza Sant Jaume y el PSC también se dirigía a ellos. Un cartel del sindicato IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) señalaba directamente al presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC: «también va por usted, Salvador Illa, responsable de la precariedad de los servicios públicos». Mientras la viceprimera secretaria y portavoz del partido de Illa, Lluïsa Moret –que también es presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat– hacía declaraciones a los medios desde la manifestación del mediodía –ha dicho que el PSC comparte «absolutamente» las reivindicaciones de la huelga– este cartel se encontraba en varios puntos de la ciudad.
«También va por ti, PSOE»
Y, por la tarde, en la manifestación multitudinaria que ha reunido en el paseo de Gràcia, dos pancartas volvían a cuestionar el ecosistema formado por el PSOE-PSC y los sindicatos mayoritarios, CCOO y la UGT. Una, llevada por un manifestante y de dimensiones modestas pero suficientemente visible, apelaba directamente al partido de Pedro Sánchez: «También va por ti, PSOE». Pero una mucho más grande, que constituía una de las diversas cabeceras de la marcha unitaria, lanzaba un aviso a los dos sindicatos afines al gobierno español y al catalán: «CCOO y UGT, sindicatos del poder. Nosotros en las barricadas, ellos en las mariscadas». Sin ningún logo, como un aviso a navegantes para las formaciones que, cuando el Sindicato de Inquilinos convocó la jornada de este 11-N como «la primera huelga general de la historia por la vivienda», rápidamente movieron ficha para hacerla suya. Después vinieron varias declaraciones de miembros del gobierno de Pedro Sánchez, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que aseguró que el ejecutivo compartía los motivos de la huelga y subrayaba que era «contra la oposición»: un hecho inédito en una huelga general.
Y, de hecho, no se han salido con la suya. La huelga no se ha hecho contra el PP, Vox y Junts –los partidos que la Moncloa, el PSOE, Sumar y los Comunes ponen al mismo nivel por el voto en contra de los decretos de vivienda aprobados en el Consejo de Ministros–, sino como una enmienda a la totalidad a un sistema entero, del cual forma parte, indefectiblemente, el gobierno español. Lo ha dejado claro la portavoz del Sindicato de Inquilinos, Carme Arcarazo, que ha calificado la protesta como «un éxito rotundo». Además de advertir a la derecha que les «pasarán por encima», ha añadido: “Si hemos llegado hasta aquí, a una huelga general, es porque tenemos una izquierda cobarde, que no se ha atrevido a plantar cara a los poderes económicos. Si no cambian, la gente no entenderá que existan”.
Ha habido, por tanto, una huelga general que se ha dejado notar con claridad y que ha expresado un descontento amplio y profundo, que no se limita a la votación contra dos decretos de hace unas semanas, sino que responde a las políticas y las dinámicas del mercado inmobiliario de décadas. Y los partidos y organizaciones que apoyan a Pedro Sánchez han hecho su propia huelga, enfocada a las elecciones del 29 de noviembre y la campaña que comienza este jueves por la noche, que no ha sido la de la gente.
La batalla por las cifras del seguimiento del paro
El 11-N ha trasladado el malestar social a los centros de trabajo, pero también ha ampliado el perímetro tradicional de la protesta laboral. La movilización ha puesto a prueba la capacidad de organización de los trabajadores en un momento de creciente presión sobre las economías familiares y ha evidenciado una confluencia de reivindicaciones que hasta ahora no solían compartir el mismo espacio de protesta. La vivienda, los salarios y el poder adquisitivo han articulado una jornada que ha combinado el paro de la actividad productiva con la movilización masiva en la calle. En Barcelona, unas 55.000 personas han participado en la manifestación principal –que ha terminado con disturbios protagonizados por un grupo reducido de agitadores que han vandalizado tiendas y quemado contenedores– y 10.000 más lo han hecho en diferentes puntos del país.
La protesta ha tenido una incidencia importante en determinados sectores industriales y logísticos de todo el país, pero la lectura de la fotografía que hacen sindicatos y patronales dibuja dos realidades muy diferentes. La distancia entre la afectación en algunos de los principales centros productivos del país y la continuidad de buena parte de la actividad empresarial contrasta con la capacidad de movilización que se ha visualizado en las calles. Esta dualidad es una de las principales particularidades del 11-N: la fuerza de la protesta no se ha medido exclusivamente en el número de trabajadores que han dejado de ir al trabajo, sino también en la capacidad de aglutinar sectores sociales que comparten una misma sensación de pérdida de poder adquisitivo y dificultad para garantizar unas condiciones de vida dignas.
La dimensión de la protesta ha abierto una disputa entre sindicatos y patronales sobre el seguimiento y el alcance económico del paro. CCOO y UGT han cifrado la participación en el 84%, con una incidencia especialmente elevada en la automoción, el transporte industrial, las universidades y el metal, donde la paralización ha llegado al 100% en grandes empresas industriales como Seat y Ebro. Las organizaciones empresariales, en cambio, han ofrecido una estimación muy inferior: Pimec ha situado el seguimiento en el 8,3%, Cecot, en el 7,5%, y Foment del Treball, en el 7%. Las patronales calculan que una cuarta parte de las empresas han reducido su actividad, si bien una parte lo han tenido que hacer por las alteraciones en los accesos y los desplazamientos de sus empleados.
De hecho, la movilidad ha sido uno de los factores que han ampliado el impacto de la protesta más allá de los centros de trabajo. La Generalitat ha contabilizado más de cincuenta afectaciones viarias, especialmente en la AP-7, la A-2 y la C-58, así como en los accesos a Barcelona, los puertos y los polígonos industriales. En el área metropolitana, las salidas de vehículos han caído un 45% y las entradas, un 52%, respecto a la referencia del año anterior. Esto representa 65.000 vehículos menos en las salidas y 87.000 menos en las entradas. En Rodalies, el cumplimiento de los servicios mínimos se ha situado en el 78%, con incidencias y supresiones puntuales de circulaciones, mientras que FGC y TMB han cumplido con los servicios establecidos.
Otro indicador del paro ha sido la evolución de la demanda eléctrica. Según los datos del Gobierno, el consumo en Cataluña ha caído aproximadamente un 15% durante la mañana en comparación con el día anterior. Se trata de una contracción significativa de la demanda durante las horas de mayor incidencia de la huelga, aunque el dato no permite calcular directamente el valor económico de la producción que se ha dejado de generar. De momento, tampoco hay una estimación consolidada de las pérdidas de facturación ni del coste total de la jornada para la economía catalana.
En los servicios públicos, el seguimiento también ha sido desigual. La Generalitat ha situado la participación entre sus trabajadores en el 12,6%, mientras que en la enseñanza pública ha superado los 19.000 docentes, un 21,9% del total. En la sanidad pública, el Gobierno ha calculado un seguimiento del 6,9%, con datos del 64% de las entidades proveedoras. Estas cifras conviven con estimaciones sindicales superiores en algunos ámbitos, como el 35% que UGT atribuye al sector sanitario.
