Retroceso del Parlament de Catalunya con las sanciones a los ayuntamientos que habían incumplido las restricciones por la sequía. La cámara catalana ha validado este miércoles el decreto que deroga estas multas que se aprobaron bajo el mandato del presidente Pere Aragonès y gracias al apoyo de los socialistas, que a pesar de dar su visto bueno ya manifestaron entonces sus reticencias. La nueva normativa ha sido aprobada con 94 votos a favor, entre los cuales los del PSC, Junts, el PP y la extrema derecha de Aliança Catalana. Vox se ha abstenido, mientras que ERC, los Comuns y la CUP han votado en contra.
Con este flamante decreto refrendado este miércoles, el Gobierno deroga el régimen sancionador contra los municipios que habían excedido el consumo máximo de agua y habían incumplido el Plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía. En este sentido, la actual consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido que es necesario abandonar la «vía punitiva» y la «vía del señalamiento» para trabajar «codo a codo» con los consistorios hasta superar «la amenaza» de la sequía. «Pido que los ayuntamientos no tengan que utilizar los recursos para pagar sanciones sino para mejorar la eficiencia de sus redes en baja», ha señalado en unas declaraciones recogidas por la ACN.
Paneque ha insistido en que «el espíritu no escrito» de la ley aprobada bajo el gobierno de Aragonès era el de aplicar una «especie de moratoria» del régimen sancionador a los ayuntamientos que hicieran esfuerzos para reducir el consumo de agua y ha señalado que hasta 705 municipios han presentado proyectos para la mejora de las redes o acciones como impermeabilización de los depósitos y reparación de fugas de agua, entre otras.
De la «reculada» a la «coherencia»
La intervención de la socialista ha recibido la réplica de la exconsejera y portavoz parlamentaria de ERC, Ester Capella, que ha calificado la decisión de un «retroceso en toda regla» en la lucha contra la sequía y en la cultura de los usos de los recursos naturales. En la misma línea se han pronunciado tanto los Comuns, que a través del diputado Lluís Mijoler han denunciado que «se está premiando la infracción y se envía un mensaje de permisividad ante la sequía», como la CUP, que ha advertido que no se puede dar «barra libre» a los ayuntamientos con las sanciones, sino que se les debe incentivar a «hacer los deberes».
Por su parte, tanto Junts como el PP han apelado a la «coherencia» de la decisión de derogar las sanciones y Aliança Catalana ha celebrado que se retroceda en políticas «punitivas» en este ámbito. Vox ha remarcado que se necesitan «inversiones» y una «gestión responsable» para hacer frente a los episodios de sequía porque no hay «fórmulas mágicas».
