José Luis Ábalos, exministro de Transportes, declarará finalmente el 12 de diciembre por el caso Koldo. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente lo ha vuelto a citar para que declare voluntariamente como investigado. Esta nueva citación tiene lugar después de que el exdirigente socialista haya aceptado la fecha propuesta por el magistrado y, previamente, este hubiera decidido no posponerla como había solicitado en un primer momento la defensa de Ábalos, que alegaba la complejidad del caso y el escaso tiempo disponible para instruirse sobre él.
En días posteriores a Ábalos declararán en el Supremo el empresario Víctor de Aldama, que lo hará el 16 de diciembre, y el exasesor de Ábalos, Koldo García, que lo hará al día siguiente, el día 17. En el momento en que Ábalos pidió posponer su declaración, el juez valoró la posibilidad de cursar el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder interrogarlo, ya que como Ábalos es diputado tiene condición de aforado.
Presunta trama de corrupción
El caso Koldo es una presunta trama de corrupción que cobraba comisiones a cambio de contratos de material sanitario durante la pandemia de la Covid-19. Según el magistrado, Aldama sería la persona a través de quien se realizaban pagos u otras contraprestaciones económicas y que, gracias a su influencia sobre Koldo García y el mismo Ábalos, “habría conseguido para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos, fundamentalmente con las entidades Puertos del Estado y ADIF, pero también con otras administraciones o entidades que están vinculadas”.
A principios de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo había instado al Supremo que investigara al exministro de Transportes por su «papel principal» en esta presunta trama de corrupción, ya que el Supremo es el único tribunal que puede investigar a las personas aforadas. La Sala Penal del Tribunal Supremo aceptó la petición de la Audiencia Nacional, pero en lugar de abrir un nuevo caso decidió reabrir uno del año 2021, en el cual ya había analizado la denuncia de un abogado contra el mismo Ábalos que el tribunal había decidido archivar.
Según el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, hay “indicios fundamentados y serios, una imputación clara y concreta o soporte probatorio, que evidencia la presunta participación” de Ábalos en la trama de corrupción. Moreno apunta a un posible delito de pertenencia a organización criminal, ya que “ocupaba un papel principal en el entramado” creado por el empresario Víctor de Aldama “para la consecución de negocios con las administraciones públicas”. En relación con las investigaciones de la Audiencia Nacional, el Supremo opina que los hechos podrían comportar los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, soborno y malversación.
