El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) también entra directamente en la crisis de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) desde ayer reconvertida en la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. El ICAB ha organizado para el jueves de esta semana una jornada para «analizar la problemática de la DGAIA», coordinada por el Observatorio de los Derechos de las Personas del ICAB.
De hecho, quien conducirá la jornada es la copresidenta del Observatorio, Erika Torregrossa. Una jornada en la que expresarán su análisis y opinión expertos procesales, en derecho de menores, fiscalía y entidades como la Sindicatura de Greuges. Así participarán, Silvia Giménez-Salinas, abogada, copresidenta del Observatorio de los Derechos de las Personas del ICAB y coautora del informe elaborado por el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) sobre esta materia; Marta Martínez, decana del Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa y coautora del informe del CICAC; Esther López, decana del Colegio de la Abogacía de Sant Feliu; Esther Giménez-Salinas, síndica de greuges; Francisco Javier Tabuenca, fiscal delegado de menores y coordinador de la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Barcelona; y Javier Segura Zariquiey, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona.
Solo faltaban los abogados
La iniciativa del ICAB se incorpora a un contexto de fiscalización pública e institucional de la institución de derechos para los niños y menores de edad. Todo a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas de abril del año pasado y del caso de la menor víctima de una trama de prostitución infantil y abusos de menores. La jornada también llega después de que el Parlamento de Cataluña, en la comisión de Derechos Sociales, comparezcan los exresponsables políticos del departamento para dar explicaciones y la misma semana que la consejera Mònica Martínez Bravo haya detallado la «reformulación de la DGAIA». Todo ello con una investigación de la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Greuges.
