La portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consell del Ejecutivo que el gobierno español ha declarado «ilegales e ilegítimos» los tribunales que juzgaron y sentenciar el expresidente de la Generalitat Lluís Companys y la nulidad de las sentencias y resoluciones judiciales contra él. Una decisión que desde el ejecutivo catalán consideran que «repara el agravio» que ha sufrido durante «demasiados años» la figura de Companys. Ahora bien, desde la Comisión de la Dignidad critican que el gobierno español ha «instrumentalizado» el expresidente de la Generalitat para «quedar bien» con Cataluña. Es decir, con otras palabras, consideran que la anulación de las condenas es oportunista: «No quisieron anularlo a pesar de las veces que se pidió en el Congreso de los Diputados. Ahora ya han hecho tarde. No jueguen con su memoria», exclaman a través de una publicación en las redes sociales.
Desde la Comisión consideran que el documento de reparación de la memoria de su figura por el cual se anulan las sentencias condenatorias «esconde el principal motivo de las torturas y asesinato» de Companys: haber ejercido como presidente de la Generalitat. A banda, Companys también fue condenado por haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, haber organizado la Unión de Rabassaires, haber estado fundador de ERC y haber proclamado la República el 14 de abril de 1931.
Ante la declaración del gobierno español sobre la nulidad del consejo de guerra del Presidente Companys, manifiestan nuestra indignación por la manipulación de la figura del presidente.
El Parlamento el julio del 2017 ya va anul·lart los casi 70.000 consejos hechos en Cataluña.— ComissioDignitat (@comissdignitat) July 30, 2024
Exigir un «acto público de rectificación» a Pere Aragonès
Desde la Comisión de la Dignidad también lamentan y tildan «de indignante» que «esta pantomima» se haya hecho a petición de la Generalitat: «Demuestra un desprecio a la soberanía del Parlamento de Cataluña. Ninguneando la ley que anuló el consejo de guerra del presidente y de los casi setenta mil encausados en Cataluña [la cual salió adelante en 2017]», remachan. Es por este motivo, pues, que piden al actual jefe del ejecutivo catalán que lleve a cabo un «acto público de rectificación».
