Dicen que es más fácil cambiar las leyes que las mentalidades y las inercias. Un principio político que se demuestra a menudo. Posiblemente, el último ejemplo de este paradigma es la Ley 16/2020, del 22 de diciembre, de la desaparición forzada de menores en Cataluña, fue aprobada por el Parlamento a finales de 2020 y que aún espera ser desplegada, aplicada o simplemente, que alguien le preste atención. Así lo asegura el consejero de Justicia, el exUDC, Ramon Espadaler, en una respuesta parlamentaria a ERC, sobre la evolución de este texto legal pensado para compensar uno de los peores episodios de la historia contemporánea, la desaparición de menores.
«La ley fue aprobada a finales de 2020 sin que los sucesivos gobiernos hayan desplegado medidas concretas para su aplicación», pone negro sobre blanco Espadaler. En la misma respuesta, el consejero no se está de cargar las culpas a las anteriores administraciones, todas bajo partidos independentistas. «El anterior equipo del Departamento de Justicia, Derechos y Memoria alegó defectos de forma en la ley para
no desplegarla», argumenta.
La excusa, un defecto de forma
Según detalla en la respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso El Món, «estos defectos, principalmente en materia de gobernanza y en materia de protección de datos, se debían al hecho de que, al ser una ley tramitada como proposición de ley y no como proyecto de ley presentado por el gobierno, y por tanto sin el correspondiente y preceptivo acompañamiento jurídico, presentaba algunos problemas jurídicos a la hora de aplicarla». En este sentido, añade que «la posición del anterior gobierno era que era necesario modificar la ley en cualquier caso antes de su despliegue». Es decir, reformar una ley de hace cinco años que aún no se ha aplicado.
Uno de los argumentos de la inaplicación es que «una de las principales dificultades alegadas era que la ley obliga a crear la Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña como un organismo con personalidad jurídica propia». Una cuestión que chocaría con límites legales. De ahí que el equipo de Espadaler se aferre a uno de los conceptos más vacíos de la política catalana: «se ha puesto en marcha una hoja de ruta que pretende dar respuesta a los derechos de las víctimas a satisfacer las demandas legítimas que la ley establece de acuerdo con un proceso garantista que
proporcione seguridad jurídica al despliegue de la ley». «En primer lugar, estamos evaluando cuáles son las alternativas más eficaces para crear la mencionada Oficina, de forma equilibrada y sostenible, que son evaluadas por nuestros servicios internos», aduce Espadaler.
Por otro lado, la respuesta indica que están valorando las «herramientas» de las que ya disponen en el departamento para «garantizar una atención eficaz a las víctimas». La «hoja de ruta» también incorpora otro de los elementos habituales del relato político, y es la creación de «un grupo de trabajo interdepartamental» con asociaciones del sector y «diversos agentes de la administración de la Generalitat». También están estudiando cómo ampliar el banco genético existente –basado en acuerdos de colaboración con el Departamento de Salud–, que actualmente está limitado únicamente a los familiares de
personas desaparecidas en fosas comunes del período de la Guerra Civil y la dictadura franquista y ampliar las plantillas de los servicios que se requerirían para aplicar la ley.
