Hasta ahora había sido una especulación que, en su día, puso en circulación uno de los protegidos de la policía patriótica, Miguel Sánchez Fornet, exsecretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), la organización sindical que el 2012 tenía la mayoría entre los integrantes de la escala básica del Cuerpo Nacional Policía. Ahora, las agendas del comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo certifican uno de los pocos momentos en que, en el marco de la Operación Cataluña, unos fiscales pararon los pies de la policía patriótica. El objetivo del equipo de Villarejo era dar más difusión a la causa del Palau de la Música –en que se relacionaba el escándalo con la financiación de Convergència Democrática de Cataluña– y, de retruque, implicar el presidente de la formación y de la Generalitat, Artur Mas.
La estrategia de la policía patriótica era intentar convencer los fiscales del caso, que comandaba Emilio Sánchez Ulled con Fernando Bermejo, para pedir al juez una entrada y cacheo en la sede de CDC justo antes de las elecciones. Todo ello a raíz de un informe apócrifo de la poderosa Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF. Los fiscales se negaron y recomendaron a los policías que si querían fueran ellos mismos a convencer al juez del caso, Josep Maria Pijoan.
No fue la única vez que Ulled los dio calabazas. El diciembre del 2012 intentaron enredarlo para que abriera una investigación de las supuestas amenazas, inventadas, a Javier de la Rosa, colaborador de la policía patriótica contra los Colina. A partir de entonces, la brigada política de la policía española se fijó como objetivo relacionar los fiscales con CiU, puesto que a ellos no los hacían caso. De hecho, Ulled tenía criterio propio y como fiscal del 9-N se negó pedir una condena por el delito de malversación al presidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega, y los consejeros Irene Rigau y Francesc Homs.
Una reunión que fue un fiasco
En los diarios de Villarejo se recoge una conversación con la entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el 22 de noviembre de 2012. Según la mano derecha del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el 29 de octubre el comisario José Luis Olivera, que hacía tres meses que había dejado la jefatura de la UDEF, y la todavía jefe de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, el comisario Marcelino Martín Blas, celebraron una reunión comprometida con los fiscales del caso Palau. Un encuentro que, técnicamente, tenía que servir por «hacer análisis de documentos pedidos a la UDEF». Precisamente, otro dato que confirma esta reunión es otra anotación a la agenda de Villarejo, del 29 de octubre, cuando deja escrito que Olivo está en Barcelona gestionando varias cuestiones, de las cuales destaca la «asunto Tarragona» –es decir, la operación Petrum en el Vendrell, relacionada con el 3%– y la «ITV Galicia», es decir, la causa derivada de la operación Campeón que acabó con la condena para Oriol Pujol.
Los dos policías aportaron documentos para convencer los fiscales que avalaran ante el juez la petición de una entrada y cacheo a la sede de CDC, que entonces se encontraba en la calle Còrsega de Barcelona. «La orden no llegó a nada», certifica el comisario Villarejo que implica en la misma maniobra Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, que habría dado también la orden. Martínez resaltaría incluso que se propuso que los fiscales pidieran perdón a la policía por no haberla ayudado. Esta reunión la había apuntado el mismo juez instructor del caso Palau, Josep Maria Pijoan que, en una entrevista a RAC1 el 19 de mayo del año pasado, narró que Ulled le había comentado este encuentro. El que hicieron los fiscales fueron recomendar a los policías que si tenían que pedir algo hablaran con el juez, pero Pijoan nunca recibió la visita de los dos policías.
Un nuevo intento
La nula colaboración de los dos fiscales no fue una barrera para persistir en el intento de obtener su ayuda en el entramado de la Operación Cataluña. Es más, Ulled fue uno de los integrantes de la lista de personas que Javier de la Rosa propuso vigilar tildándolo de «loco». Así, el 5 de noviembre, incorporan Ulled al «Plan de Trabajo» de la Operación Cataluña, para intentar que colle Daniel Osàcar, el tesorero de CDC y pieza clave de la financiación del partido. El mismo plano de trabajo donde se añaden las investigaciones de los fondos sobre el «padre de AM» (Artur Mas), los medicamentos y las ITV de Oriol Pujol, una base de datos con nombres en Francia y «ASC», en referencia Alícia Sánchez Camacho y sus «intereses».
En este contexto, la policía patriótica, volvió a intentar enredar Ulled para que apretara CDC y los Pujol. El plan, según compilación la agenda de Villarejo del 3 de diciembre del 2012, era hacer llegar al fiscal a través de un periodista de confianza que Javier de la Rosa había sido amenazado por miembros de la familia Pujol y solicitaba que declarara a la Fiscalía para poder envolver todavía más los hilos. La operación resultó fallida. Ulled no picó.
Después hubo varios intentos a través del «Sumario Sabadell» –el que acabaría siendo la Operación Macedonia y los Mossos d’Esquadra, una investigación de corrupción policial a través del confidente de la policía Manuel Gutiérrez Carbajo– y tampoco se salieron. El que los funcionó, en cambio, fue un juez de instrucción muy veterano y viejo conocido del independentismo: Joaquín Aguirre, titular del juzgado de Instrucción número 1, actualmente instructor de la causa Volhov. La conclusión de Francisco Martínez el octubre del 2014 es que los fiscales del caso Palau estaban «untados por CDC».
