Una red de policías aprovechando estructuras societarias y empresas de detectives privados para vender información de sumarios, investigar personajes públicos o filtrar información a los medios de comunicación en campañas de desprestigio de rivales políticos del gobierno de Mariano Rajoy, disidentes o, simplemente, competidores. Así se puede definir el caso recogido en el informe Colombo, un extensísimo atestado de la misma unidad de Asuntos Internos con fecha 14 de mayo del 2014, que fue enterrado por la Fiscalía Anticorrupción y Crimen Organizado y al cual ha tenido acceso El Món. De hecho, es uno de los documentos que la Comisión de investigación de la operación Catalunya en el Congreso reclamó al ministerio del Interior y a la Fiscalía Anticorrupción.
Un informe de 261 páginas más cientos de documentos anexos elaborado por el Grupo 5 de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, que entonces dirigía el comisario Marcelino Martín Blas. Un atestado que destapa una supuesta red de policías, sobre todo de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera -dirigida entonces por el comisario José Luis Olivera-, y en un grado más bajo, de las Brigadas de Información del mismo CNP, que habría estado pasando información reservada de datos personales, de sumarios judiciales, investigaciones policiales o datos patrimoniales y monetarios para escribir informes para competidores o bien filtrar información a la prensa. Todo esto a través de empresas y sociedades, entre las que se encontraba Método 3, que fue desmantelada por la policía a través de tres investigaciones judiciales. De hecho, las empresas alimentaban a los policías y viceversa. La red actuó en todo el estado y durante muchos años y fue uno de los instrumentos utilizados en los primeros pasos de la operación Pujol, que después se convertiría en operación Barna y luego, operación Catalunya. Un ejemplo del caso son las 13,000 investigaciones sobre personas que, aún no hace seis años, realizaron tres oficiales de policía, sin que haya ninguna investigación abierta para ninguna de ellas.
Fuentes de la investigación del caso y de las que firmaron y ordenaron el atestado aseguran a El Món que aún no entienden por qué «la fiscalía cerró la causa sin ninguna explicación». De hecho, esperaban que el fiscal que presumiblemente llevaba el caso, José Grinda, daría alguna explicación para no continuar con la investigación o, en todo caso, ofrecería alguna razón o corrección para que la policía corrigiera errores o la orientación, como según las mismas fuentes, es «bastante habitual». Sea como sea, este atestado ha dormido el sueño de los justos durante más de diez años y ahora permite conectar con muchas de las informaciones no solo sobre la operación Catalunya sino otros dispositivos opacos de los últimos años en todo el Estado. De hecho, el informe apunta una manera de hacer que, bien mirado, se mantiene viva hasta el día de hoy, como se ha podido constatar en la trama de Leire Díez. La sospecha que levantaba el informe Colombo fue que la UDEF utilizaba detectives privados para llevar a cabo operaciones encubiertas o que rozaban la ilegalidad.
Todo por un registro, un sobre anónimo y un viaje
El informe Colombo se basa en dos elementos. En primer término, en la documentación recogida en la entrada y registro de la sede de Método 3 en Madrid y, por otro lado, en un sobre dirigido a un genérico «Jefe de Asuntos Internos», franqueado en Sant Cugat del Vallès el 29 de abril de 2014 y sin remitente. El sobre contenía varios informes policiales y de la agencia Método 3 sobre personas donde los investigadores detectaron que había información de «carácter personal como DNI o direcciones, teniendo en cuenta que las personas consultadas, ni los funcionarios referenciados, ni su unidad tenían ninguna investigación en curso en las bases policiales» y, sí habían sido investigadas por Método 3.
Los informes que encendieron las alarmas de los policías de Asuntos Internos fueron diez, entre los cuales había atestados sobre la investigación sobre la trama Gürtel, de corrupción del PP, sobre Ignacio González, que fue presidente de la Comunidad de Madrid, o sobre Gerardo Díaz, entonces vicepresidente de la CEOE. A partir de aquí, los agentes de Asuntos Internos, eran comandados por el inspector 111.497, Rubén Eladio, que después se querellaría contra el núcleo duro de la policía patriótica.
De hecho, cabe recordar que Eladio firmó el primer informe sobre una posible brigada policial que perseguiría independentistas. Fue el atestado 67/2016 de 20 de mayo del 2016, entregado al juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, en el marco de la instrucción de la operación Nicolay, es decir, sobre las actividades de Francisco Nicolás, el Pequeño Nicolás, y sus relaciones con los servicios de seguridad y de información del Estado. En este informe alertaba de la existencia de un operativo policial destinado a perjudicar líderes políticos catalanes, con seguimientos, escuchas y búsqueda de información absolutamente prospectiva.
También cabe añadir otro elemento interesante en este atestado policial y es un viaje a la República Dominicana que acabó de perfilar cómo funcionaba este operativo, siempre según los agentes de Asuntos Internos. Este viaje de miembros del entramado de empresas de Francisco Marco habría servido, así como otras pesquisas en el extranjero –por ejemplo, en Miami o Panamá– para bloquear cualquier información que se pudiera conseguir sobre altas instituciones del Estado y para conseguir la financiación de todo el entramado.
Policías y detectives
En el informe Colombo se encuentran jugosas declaraciones de exdetectives de Método 3 –como Juan Tamarit, alias el Mago, que fue informador de Villarejo, o Julián Peribáñez–. Ambos explican a la policía las dinámicas de las investigaciones y sobre las personas que pasaban información sensible, reservada o personal de los objetivos a investigar. Ambos también describen en sus declaraciones la relación que mantenían con el director de Método 3, Francisco Marco, aunque cabe tener presente el contexto, un grave conflicto laboral con su exjefe.
Los agentes de Asuntos Internos autores del informe Colombo también interrogaron a miembros de la UDEF, especialmente del Grupo 21, de la Brigada de Información, de Extranjería y de Documentación, así como miembros de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona -una investigación que fue derivada al Servicio de Asuntos Internos del instituto armado-, que habrían consultado bases de datos policiales de manera presuntamente irregular o por cuyas manos pasaba información que había llegado a empresas del grupo Método 3 o bien a los medios de comunicación. De hecho, el informe concluye que mucha de la información procesada y trabajada a través del grupo Método 3 fue filtrada por «funcionarios de la UDEF Central», dado que los policías interrogados admitieron que los jefes tenían acceso a los borradores de los atestados. De esta manera, Asuntos Internos sostiene en el atestado que la UDEF utilizaba empresas de detectives para elaborar informes comprometidos u obtener información fuera de los conductos reglamentarios, sobre todo en operaciones clandestinas.
En definitiva, toda esta red suponía, según los investigadores de Asuntos Internos, dejar en manos de detectives –o detectives simulados– pesquisas que pudieran servir para involucrar a políticos en tramas de corrupción, sin ningún tipo de control judicial, para obtener información que después se podría blanquear a través de informes policiales. Este informe Colombo, que la fiscalía no quiso judicializar, entró por la puerta trasera al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional cuando era el titular Manuel García Castellón. Se incorporó a la pieza separada número 27 de la macrocasa Tándem. Una pieza bautizada como la pieza Método 3 y que se acabó archivando. Continuará.
