A juicio. Después de años de instrucción y varios contratiempos procesales, el titular del Tribunal Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha finalizado el trabajo de su predecesor, el magistrado Manuel Garcia Castellón. El juez ha abierto el juicio oral contra el BBVA, el expresidente de la entidad Francisco González y catorce personas más entre directivos del banco y mandos policiales, por una serie de encargos de trabajos que, a juicio del juez y la fiscalía, serían presuntamente ilegales, y se encomendaron al comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo entre el año 2004 y el 2016. Una larga y densa relación instruida en la pieza 9 de la macrocausa Tándem, que investiga las actividades del comisario.
La resolución del juez, de 53 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, motiva la apertura del juicio, porque ve indicios sólidos de delitos de soborno y hasta 52 delitos de revelación de secretos. En cuanto a González, el magistrado razona que debe sentarse en el banquillo de los acusados por delitos de soborno activo y pasivo y por 42 delitos de revelación de secretos, pertenencia a grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. Delitos por los que también se imputa a los otros directivos de la entidad procesados. La resolución también fija un importe a garantizar de 1.173.333 euros para asegurar las responsabilidades civiles que se puedan derivar. El juez avisa que tienen tres días para aportar la fianza.
González lo sabía y recibía los informes
El pasado mes de febrero la sala penal confirmó el procesamiento que en su día ya había acordado Garcia Castellón. De hecho, los magistrados rechazaron todos los recursos interpuestos contra la apertura del juicio y avalaron la tesis del instructor. En este sentido, el magistrado admite el relato de los hechos de la fiscalía anticorrupción y asimila su teoría. Por tanto, concluye que los indicios existentes se podrían sintetizar en los audios intervenidos en los registros domiciliarios del comisario.
Audios que no solo demuestran que el expresidente del BBVA «conocía y autorizó las actividades ilegales» por las que contrataron a Cenyt, la empresa matriz de Villarejo, sino que fue por su «orden expresa por la cual se procedió a contratar con Villarejo». El juez remarca que era González quien recibía los informes del comisario, un indicio que el instructor considera concluyente. Incluso, remarca que solo el presidente del BBVA podía ordenar pasar por alto el «compliance» -el cumplimiento normativo- empresarial obligatorio.
