Más de seis años después del Primero de Octubre, Cataluña ha entrado de pleno en el debate de la amnistía de los procesados a raíz del referéndum de autodeterminación. Es, posiblemente, el elemento central de la negociación de una eventual investidura del socialista Pedro Sánchez para quedarse cuatro años más en la Moncloa avalado por el independentismo. La amnistía, sin embargo, ha abierto la posibilidad de que los policías y guardias civiles que todavía permanecen procesados por su actuación durante el 1-O sean exonerados de responsabilidad penal. Ahora bien, la lentitud de los procesos, la condescendencia judicial con los procesados y las trabas procesales hacen que, a estas alturas, los policías investigados tengan más posibilidades de ser amnistiados de facto que no por la ley que PSOE, Juntos y ERC puedan pactar. O, dicho de otro modo, aunque finalmente no hubiera pacto de investidura y no se llegara a aprobar la ley de amnistía.
A estas alturas, el juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona mantiene procesados 45 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, y cuatro más en el caso de Roger Español, el ciudadano que perdió un ojo por una bala de goma el 1-O. No obstante, hay otras causas abiertas de las cuales casi no se habla. En concreto, en el juzgado de instrucción número 4 de Mataró, que investiga a 46 guardias civiles por las cargas que se registraron en Dosrius y Canyamars a raíz de las 24 personas que presentaron denuncia. El entonces alcalde, el republicano Marc Bosch, también fue denunciado en el mismo procedimiento por desobediencia. Por otro lado, en Girona, el juzgado de instrucción 2 de la ciudad ha acumulado las denuncias contra 33 policías. En ningún caso se ha abierto todavía juicio oral, solo el caso más grave, que hoy por hoy, se dirimirá en Lleida. Es la instrucción abierta a raíz del caso Enric Sirvent, el hombre que sufrió un ataque de corazón en la escuela del barrio de la Mariola. En este asunto ya se ha cerrado una instrucción, que ha estado plagada de dificultades. Las acusaciones piden 3 años de prisión y la fiscalía, la absolución.
La lentitud de Canyamars y Dosrius
En estos dos municipios del Maresme, el 1-O fue especialmente tenso por la actuación de las unidades antidisturbios de la Guardia Civil. De hecho, fueron famosos los testigos en el Tribunal Supremo que vivieron aquella jornada en las puertas del colegio electoral. Edgar Olles, el presidente de una de las mesas electorales atacadas, lamenta, en conversación con El Món, que seis años después todavía no ha habido ninguna sentencia sobre las 24 denuncias interpuestas contra los 46 miembros del instituto armado denunciantes. En este sentido, no fue hasta diciembre de 2021 que no acabaron las declaraciones de los guardias civiles que actuaron, a pesar de que hay un problema de identificación que todavía retarda más el trabajo. Además, dentro de la instrucción también hay denuncia contra el entonces alcalde, Marc Pons, por desobediencia, así como contra otro regidor. Pons es uno de los denunciantes por lesiones. Cuando, de hecho, tuvo que ser trasladado al Hospital por los golpes de porra que sufrió.
En declaraciones a El Món, Pons reprocha que todo el proceso de instrucción es «muy lento y enredado». Como ejemplo, expone el último paso judicial, la petición como prueba documental por parte de los abogados del caso de los protocolos del uso de las defensas (porras) de los policías antidisturbios. La jueza instructora lo desestimó, se recurrió a la Audiencia de Barcelona, que este verano decidió dar la razón a la jueza y considerar la prueba impertinente.
«El problema», para Pons, «es la dificultad para identificar a los agentes en las imágenes». «Lo único que podemos conseguir es la unidad que actuó, pero muchos no iban identificados con el número y con los uniformes es muy complicado», explica. «Hemos pedido la información de los agentes que actuaron a Canyamars y Dosrius», insiste. «En cambio, la Guardia Civil sí que nos identifica a nosotros», ironiza Pons, que también fue citado el 19 de octubre del 2017 al cuartel de la Guardia Civil por «desobediencia y resistencia grave a la autoridad» en el instituto armado. «Por ahora, todo parado», remarcan Olles y Pons, que quieren aclarar en este proceso por lesiones quién ordenó las cargas y el porqué de la contundencia.
Girona, trabas y menos delitos
En las comarcas gerundenses, restan tres causas vivas en el juzgado de instrucción número dos de Girona. Son tres piezas separadas por las cargas en Girona, Aiguaviva y Sant Julià de Ramis, que también se han enredado durante estos seis años. De hecho, comenzaron con la denuncia de 197 afectados. El abogado Albert Carreras, portavoz de Voluntarios Derechos de Defensa Girona, una entidad creada
En principio, se denunciaron a los policías y guardias civiles actuantes en los colegios electorales del pabellón de Sant Julià de Ramis, en la escuela Verd, la escuela Bruguera, el centro cívico Plano de Palau y el servicio de ocupación de Sant Narcís, en Girona, y en el Ayuntamiento de Aiguaviva. Los delitos de los cuales se les acusaba eran torturas, lesiones y vulneraciones de derechos fundamentales, pero, finalmente, los 33 agentes que continúan procesados están investigados solo por lesiones leves, lo que antes se consideraría una falta. Solo hay seis policías identificados por tres heridos graves en la escuela Verd que sí que tienen la acusación por delito de lesiones grave. La instrucción a estas alturas está acabada. Carreras lamenta que todavía faltan identificaciones por hacer y la actuación de los fiscales, que ven más como «abogados» de los agentes que no en ejercicio de su función de garantes del derecho. También critica que no se ha podido averiguar cuál era la cadena de mando, ni la jerarquía de las órdenes.
El infarto de la Mariola
Otra de las causas que continúan abiertas contra un policía se encuentra en el juzgado de instrucción 4 de Lleida. Esta causa es contra el policía español acusado de agredir Enric Sirvent el 1-O en Lleida y de este sí que se ha abierto juicio oral. El caso también ha estado lleno de recovecos. El juzgado de instrucción 2 archivó el caso dos veces, pero la Audiencia de Lleida ordenó continuar con el procedimiento. Este será —si se llega a hacer, porque dependerá de si hay amnistía— el primer juicio por delito grave contra un agente por el 1-O. Hasta ahora todos habían sido por faltas leves.
Sirvent sufrió un ataque de corazón durante las cargas policiales cuando se dirigía a votar por el referéndum de independencia en el colegio del Centro Cívico de la Mariola. La jueza mantiene la libertad provisional al policía, pero dictó la responsabilidad civil con una fianza de 44.100 euros. La jueza también decretó la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio del Interior. La instructora tiene que remitir todas las actuaciones a la Audiencia de Lleida para que ponga fecha a la vista oral.
