El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega este lunes a un momento clave de su segundo mandato. El Senado, con una estrecha mayoría republicana, votará la conocida como big, beautiful bill -gran, preciosa ley-; el paquete legal que quiere poner los cimientos de su modelo de gobernanza económica para el país. La norma se acerca a la línea de meta tras haber sobrevivido a una intensa oposición, incluso dentro de las filas conservadoras. En el centro hay una contradicción: aumentar sustancialmente el gasto público, con un enfoque casi único en las «políticas de seguridad» -un cajón de sastre que incluye la inversión militar, pero también la financiación de las agencias que lideran las deportaciones masivas de personas migrantes- mientras se recortan los impuestos. En concreto, la bill prevé que el gobierno federal deje de ingresar 3,8 billones de dólares y, en paralelo, disparar el techo de endeudamiento hasta los 5 billones. Incluso su exaliado, Elon Musk, ha retomado la ofensiva al conocer el redactado definitivo de la propuesta: «destruirá millones de puestos de trabajo y causará un daño estratégico inmenso al país«, sentenciaba el hombre más rico del mundo en sus redes sociales.
Los desertores dentro de los grupos republicanos en el Senado y el Congreso provienen de todas las almas del partido. Los moderados, como el senador de Carolina del Norte Thom Tillis, critican la ofensiva contra el Medicaid, el programa de ayuda pública para financiar el acceso a la sanidad a las rentas más bajas. La ley introduce nuevas obligaciones a los ciudadanos para cumplir con los requisitos mínimos para las ayudas, un movimiento que afectará especialmente a los ciudadanos de mayor edad con menos recursos, los usuarios tipo. Con este agujero en la ya precaria salud estadounidense, Trump busca cubrir recortes impositivos, precisamente, a las aseguradoras médicas y las cadenas sanitarias, que verán rebajada la conocida como provider tax -un impuesto ad hoc con el que la sanidad privada ayuda a los estados a financiar los programas de asistencia social- del 6 al 3,5%. Las críticas, sin embargo, también han llegado del lado derecho de la formación: el otro senador que se ha retirado de la mayoría en la cámara es Rand Paul, de Kentucky, histórico dirigente libertario y fundador del movimiento Tea Party. Para Paul, Trump cruza la línea roja con la inmensa escalada del endeudamiento público que propone la ley para financiar el nuevo gasto militar.
Con la retirada de Paul y Tillis, y toda la oposición en contra, la mayoría en el Senado se reduce a solo dos escaños. Durante la sesión plenaria del fin de semana, que sirvió para que Trump salvara in extremis la votación de la ley, varios senadores republicanos, especialmente aquellos que obtuvieron escaños en estados de mayoría demócrata, se plantearon el voto en contra. Durante la jornada, se pudo observar cómo un grupo de aliados de Trump, liderados por el vicepresidente, JD Vance, presionaban a los holdouts para cambiar el sentido de su voto. La bill, así, sobrevivió el primer trámite parlamentario, pero el segundo será, seguramente, otro problema sobre la mesa del Despacho Oval. A solo un año de la campaña de las midterms, unas elecciones que servirán para renovar buena parte del Congreso y un tercio del Senado, los titulares republicanos están entre la espada y la pared: si votan a favor, se arriesgan a perder el apoyo de un grueso importante de sus electores; pero, si no lo hacen, se garantizan la enemistad de Trump y, posiblemente, un candidato alternativo desde dentro del mismo Partido Republicano. Cabe recordar que, para salir derrotado, el presidente tendría que perder el apoyo de, como mínimo, dos senadores. En caso de empate 50 a 50, el voto decisivo recae en el vicepresidente, que preside la Cámara. Por lo tanto, Vance sería el encargado de aprobar la medida.
La energía, punto de tensión
Una de las promesas electorales de Trump que más celebraron sus aliados del sur, muchos de ellos vinculados a la industria petrolera, fue la retirada total de las ayudas fiscales a las empresas de energías renovables. Cabe recordar que, bajo la administración Biden, las iniciativas eólicas y fotovoltaicas podían llegar a disfrutar de una bonificación del 100% en algunos impuestos si decidían situar sus parques en el país. La big beautiful bill debía abordar este compromiso, pero la coalición conservadora, finalmente, lo ha diluido. La retirada de las ayudas fiscales será progresiva, y solo incluirá restricciones duras para aquellas empresas que cuenten con productos chinos en su cadena de valor.
La solución salomónica del equipo de Trump no ha dejado satisfecha a ninguna de las partes del debate. Congresistas de estados muy vinculados al petróleo han denunciado que la reforma «no es ni de lejos suficiente»; y buscan eliminar todas las concesiones federales a la energía limpia con solo un golpe. Ahora bien, los aliados del presidente en el mundo tecnológico, con Musk a la cabeza, lamentan que «se estén financiando las industrias del pasado y dejando abandonadas las industrias del futuro», en referencia a la prioridad que los combustibles fósiles, y especialmente el fracking, han ganado bajo la nueva administración en detrimento de las renovables. Con todo, Trump llega a un momento clave de su segundo mandato con un consenso débil. La oposición demócrata considera que la ley les da argumentos de sobra para revertir las mayorías en las elecciones de mitad de mandato, e imposibilitar la acción de gobierno hasta 2028; mientras que los republicanos dejan entrever las grietas de su coalición.
