La Autoridad Nacional Palestina (ANP), la entidad administrativa que gobierna partes limitadas de Palestina, ha denunciado la aprobación de una treintena (34) de nuevos asentamientos en la región de Cisjordania por parte de Israel. También ha solicitado a los Estados Unidos que presionen al ejecutivo que dirige Benjamin Netanyahu para que ponga fin a lo que ha calificado de «peligrosa escalada» contra el pueblo palestino, según el comunicado difundido en las redes y recogido por Europa Press.
Esta anexión ha sido descrita como una violación «flagrante» del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU. La ANP defiende que «toda» actividad de asentamiento en los territorios palestinos ocupados «es ilegal». Para el organismo, la responsabilidad de la situación que se vive en Oriente Medio es de Israel, que «insiste en reavivar los conflictos y arrastrar la región hacia un nuevo ciclo de violencia y escalada». Reclaman la intervención inmediata de la comunidad internacional y, en especial, del gobierno de Donald Trump, para que «presione a las autoridades de la ocupación» con el objetivo de poner fin a sus políticas de escalada y a las «continuas» violaciones contra el pueblo palestino y su territorio.
La medida de expansión, que aún no ha sido confirmada por Israel, ha sido condenada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que ha declarado que se trata de un paso que confirma los planes de la ocupación destinados a «judaizar el territorio palestino, en aplicación de la política de anexión y de imposición de hechos consumados sobre el terreno, en el marco de una explotación descarada de la situación regional y de la distracción internacional». En este sentido, la acción «no cambiará la realidad sobre el terreno y no otorgará legitimidad a la ocupación», y «el terrorismo y la barbarie del enemigo no lo disuadirán de hacer frente a las políticas de judaización y anexión para frustrarlas».
Jordania condena las acciones de Israel
Jordania, el territorio vecino de Cisjordania, se ha sumado a las condenas, asegurando que la aprobación de estos asentamientos «socava la solución de los dos estados y el derecho del pueblo palestino a establecer su estado independiente y soberano en las fronteras del 4 de junio de 1967, con su capital en la Jerusalén ocupada», haciendo referencia a Jerusalén Este.
Esta postura ha sido expresada por el portavoz del Ministerio de Exteriores del país, Fuad Al Mayali, quien ha detallado que estas medidas están destinadas a la alteración de «la composición demográfica, el carácter y el estado de la tierra palestina». De la misma forma que la ANP, el ministro jordano ha reclamado a la comunidad internacional que «asuma sus responsabilidades legales y morales» para satisfacer los derechos legítimos de los ciudadanos palestinos a establecer su propio estado independiente.
Las declaraciones del ministro se producen unas horas después de que la Comisión contra el Muro y los Asentamientos y varias organizaciones no gubernamentales, como Yesh Din y Peace Now, revelaran la creación de los 34 asentamientos. Según informa el diario israelí The Times of Israel, la decisión se habría tomado en una reunión confidencial del gabinete de seguridad israelí. Desde diciembre de 2022, momento en que el actual gobierno israelí asume sus funciones, se han legalizado o construido 103 nuevos asentamientos, mientras que en las tres décadas anteriores se habían aprobado seis. A pesar de las críticas en el ámbito global y los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, que consideran ilegales todos los asentamientos en los territorios palestinos ocupados, el ejecutivo de Netanyahu distingue entre los que ha legalizado y los que no.
