La relación entre el estado de Israel y la Moncloa ha hecho un giro de 180 grados desde el estallido de la guerra entre los de Benjamin Netanyahu y Hamás. Las últimas declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en que ha dejado clara su intención de reconocer Palestina como país -de hecho, lo hará el próximo martes- han abierto una rendija con Israel, hasta el punto que ha gritado a consultas la suya embajadora en España y ha avisado de «consecuencias graves» por los futuros actos del jefe del ejecutivo español. La Moncloa, pero, continúa aplicando presión. Ha avisado este sábado que la orden emitida este viernes por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) -el tribunal de las Naciones Unidas- para que Israel detenga su operación en la ciudad gazatí de Rafah tiene carácter vinculante y que, por lo tanto, se tiene que cumplir.
«Las medidas cautelares de la TIJ, incluido el cese de la ofensiva de Israel en Rafah, son obligatorias» ha manifestado el ministro de Asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que «exige» la aplicación inmediata de la resolución del tribunal de la ONU en el marco de la demanda de Suráfrica contra Israel por un posible genocidio. Así mismo, el ministro también ha recordado que el Tribunal Internacional de Justicia ha emitido dictámenes que denominan al «alto el fuego, la liberación de los rehenes» en manos de las milicias palestinas, así como al «acceso humanitario» sin restricciones: «El sufrimiento de los gazatíes y la violencia tienen que acabar«, ha concluido el ministro en su mensaje.
Los argumentos del tribunal
El tribunal considera que la situación en la franja es ahora “desastrosa” y hay un “riesgo grave de deterioro” que justifica modificar las medidas cautelares dictadas el 28 de marzo. En este sentido, el TIJ argumenta su decisión alegando que ahora hay un “mayor riesgo” y una “urgencia real e inminente” de daños “irreparables” antes de que se decida sobre el fondo del caso, que tiene que esclarecer si Israel está cometiendo o no delitos de genocidio.
