La jornada de este jueves del juicio del caso Efial en la Audiencia Nacional era difícil. De entrada, un caso de hace 13 años es enredado para la memoria. Si, además, añadimos conformidades, una fiscalía que ha heredado el caso de otro fiscal anticorrupción, un presidente del tribunal, como José Ricardo de Prada, que no permite que se le desmarque ninguna vista, malas relaciones personales, documentos y correos comprometidos, peritajes atrevidos y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la cosa se complica un poco más. A todo esto hay que añadir que es la pieza catalana del caso Efial, sumario que toma el nombre de una consultora acusada de manipular contratos en 14 ayuntamientos. En cambio, la pieza madrileña del mismo caso, terminó con absoluciones y archivos.
La sesión de este jueves venía precedida por la del día anterior, cuando la fiscalía tuvo que remangarse para defender la tesis de que el responsable de Efial, Antoni Martos, pactaba incrementos superiores al 35% del precio de adjudicación con las contratistas que trabajaban para el Ayuntamiento de l’Ametlla de Mar. Todo ello, siguiendo el relato según el cual la consultora controlaba la sociedad municipal La Cala Gestió por encargo del gobierno municipal del entonces alcalde Andreu Martí, el principal acusado de la trama. El exarquitecto municipal, Joan Prous, testificó que desconocía los acuerdos, pero, eso sí, no los descartó. A pesar de ello, también subieron al estrado testigos como Susanna Martori, ex interventora del Ayuntamiento de Llinars del Vallès, que defendió el trabajo de la consultora y que, además, lo hacía a «buen precio».
En este ambiente de sospecha, pero también de justificación, este jueves testificaron los que han pactado, por vía de una conformidad, su condena con el ministerio fiscal. Es decir, unas testificales en una situación extrañísima, como bien enfatizó el presidente del tribunal, porque están condenados como si fuera en un juicio aparte y actúan como testigos de la acusación, pero al mismo tiempo su testifical contradice los hechos de la verdad judicial de su sentencia de conformidad. Y hay que recordar que un testigo está obligado a decir la verdad y un inculpado no, aunque sea para evitar una parte de la pena. Contado y debatido, un enredo que, si no fuera por los supuestos beneficios que conlleva de ahorro de trabajo y de asegurarse una condena que esquive la prisión, rozaría lo que se entiende por fraude procesal. Por ello, el presidente del tribunal tuvo trabajo para atar corto los interrogatorios con expresiones marca de la casa como «¿a dónde nos lleva esta pregunta?» pronunciadas con una sonrisa pícara que hacía desistir a los abogados de defensas y acusaciones.
Testigos y condenados
El primer testigo fue Eva Puertas, directora financiera de Efial, que se quitó las pulgas de encima recordando que, si preparaba expedientes, lo hacía cumpliendo órdenes de Toni Martos o de otro directivo de la consultora, Xavier Térmens. Aportó un dato interesante sobre cómo se tasaban los gastos de cada informe o gestión para cada administración y aseveró que, en cada ayuntamiento, normalmente se enviaba al mismo técnico o consultor de Efial. Es decir, la fiscalía acreditaba cierta continuidad en las tareas de Efial en cada consistorio, empresa o entidad municipal.
El siguiente testigo era muy esperado, el ingeniero municipal de l’Ametlla de Mar Jaume Beltran, que testificó hechos que desmienten su sentencia de conformidad. Por ejemplo, que nunca aceptó ningún pago de las empresas consultoras. Incluso, llegó a replicar con firmeza a los informes de la Agencia Tributaria que lo enredaban en la trama de cobro de comisiones y sobornos. De hecho, avisó -acompañado de su abogada Míriam Company- que había conformado harto de estar 15 años inmerso en una instrucción judicial.
La fiscalía, sin embargo, no supo aprovechar su testimonio para inculpar al resto de procesados. Y, finalmente, fue Ricardo de Prada, que con una exquisita consideración le hizo entender que dejara estar el testimonio. De hecho, ayer se renunció a tres testimonios. El siguiente testigo condenado fue Oriol Mestre, apoderado de las cuentas en Panamá y Andorra, que compareció telemáticamente con su abogada, Olga Arderiu. Reconoció que hacía las transferencias y las gestiones por encargo de su cliente, Andreu Martí. En este punto, detalló que conocía a Martí porque era cliente de su padre y continuó haciéndole los trabajos que le encomendaba. Ahora bien, dejó claro que el dinero con el que abrió las cuentas en Andorra provenía de una herencia y la entidad andorrana hizo un estudio de cumplimiento para constatar que el dinero no provenía de ningún delito de corrupción. Los interrogatorios se configuraron para intentar centrar la responsabilidad en Andreu Martí y sacar del medio a los intermediarios que son coacusados.
El misterioso correo de la exalcaldesa
Meritxell Roigé, exalcaldesa de Tortosa y portavoz de Junts y exdiputada de CiU en el Parlamento, declaró como testigo aunque Ricardo de Prada tuvo que recordar a las acusaciones que no estaba acusada. Roigé sostuvo que cuando llegó a la empresa municipal de urbanismo de la ciudad, GUMTSA, Efial ya estaba allí. Añadió que le renovaron las licitaciones porque los técnicos dijeron que podían prorrogarse. Roigé justificó la contratación de Efial por la falta de personal permanente y habitual de la administración tortosina. Por eso, cuando se rescindió el contrato, en el año 2014, su trabajo fue absorbido por personal municipal porque se había incrementado la plantilla y había bajado mucho el volumen de trabajo de urbanismo y contabilidad.
Su testifical, sin embargo, tuvo un punto débil cuando le mostraron un correo que le había enviado Martos donde le recordaba que finalizaba el contrato a Efial y le proponía renovarlo por la vía de urgencia. Roigé, para no decir que no reconocía el correo, -lo habría recibido en la cuenta del Parlamento cuando era diputada, y en su correo personal- explicó al tribunal que «había buscado el correo pero no lo había encontrado» y el correo de diputada ya no lo tenía. La UCO, en cambio, sí que lo había encontrado, y se lo mostraron en la sala. «No recuerdo haber recibido este correo», aseguró.
Peritajes e interventores
Por otro lado, el abogado de la acusación particular del Ayuntamiento de Tortosa, Jordi Tomàs, presentó como prueba pericial un análisis económico sobre tres de los contratos de Efial y las posibles alternativas a la externalización de los servicios. La perito, Elena Masegosa, interventora de ayuntamiento y gestora pública, ratificó un informe dividido en tres bloques. De hecho, era una manera de ver el costo que había supuesto externalizar los servicios municipales hacia Efial y si las tareas se podían haber asumido con personal municipal de la relación de puestos de trabajo y cubriendo las plazas vacantes. El desfase se podía haber elevado, en tres contratos, a una cifra de 838.010,33 euros. Pero la perito hizo dos adversativas que rebajaban la intensidad del peritaje. En primer lugar, que no podía acreditar un perjuicio patrimonial definitivo y que tampoco podía afirmar que los contratos con Efial fueran al margen de la legalidad.
Tampoco se atrevió a hablar de ilegalidad de las adjudicaciones Daniel Nogueroles, interventor del Ayuntamiento de Tortosa entre el 2010 y el 2013, pero sí emitió informes para alertar de las «deficiencias en el control de GUMTSA». En concreto, que los responsables de Efial hacían de «gestores materiales y auditores a la vez». Un hecho que suponía una incompatibilidad manifiesta. También reconoció que los números de GUMTSA como contratante de Efial no reflejaban una «imagen fiel» del verdadero estado de cuentas, como ejemplo, expuso la «incorrección de contabilizar algunas facturas de Efial como inmovilizado» porque suponía «mejorar artificialmente el resultado contable» de GUMTSA.
Una de las notas personales del día se la llevó Jordi Fortuny, exsecretario personal, como cargo de confianza, del exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué. Fortuny, después de ilustrar al presidente del tribunal sobre cómo se pronuncia su nombre, volvió a declarar que la consultora Efial asesoraba al consistorio en contabilidad y finanzas, pero que las tareas y las facturas cambiaban cada mes. Pero más allá de detallar la relación mercantil con la consultora, fue claro en describir la relación del alcalde y el secretario municipal, que emitía informes «mayoritariamente negativos» sobre las actuaciones del alcalde. «No tenían ninguna relación, la más mala posible», expresó con una sonrisa traviesa.
