Análisis de un exjefe del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra, el comisario ahora en excedencia Eduard Sallent, sobre el aumento de la conflictividad social en la calle. Según Sallent, a través del blog de Segurament, la consultora de inteligencia estratégica que dirige, las últimas convocatorias de manifestaciones y concentraciones muestran «la tendencia que este año se ha observado de recuperación de la capacidad de la protesta para alcanzar objetivos sociales, laborales y políticos».
Sallent parte de la disminución de la movilización en la calle después del Proceso soberanista y del efecto de la pandemia de la Covid-19. En este contexto, añade la pugna ideológica, la inflación y el uso político de la demografía como elementos que impulsan la protesta con el riesgo de hacerlas más viscerales. «Hay cambios de fondo en el desplazamiento hacia el eje social en los espacios de la izquierda radical, la aparición de la derecha radical con un discurso antiinmigración y un contexto económico marcado por el encarecimiento de la energía, la alimentación y la vivienda que configuran nuevas condiciones de protesta», argumenta el exjefe del área de inteligencia de la Comisaría General de Información de la policía de la Generalitat.
Una de las advertencias más contundentes del comisario es lo que denomina como «confrontación entre grupos antagónicos». Esto es, casos donde «los actores no se movilizan únicamente para defender una determinada causa, sino también para enfrentarse a sus adversarios y disputarles la presencia y el control del espacio público». El ejemplo serían episodios como el del Fossar o el de Núcleo Nacional por la Diada. «En este contexto, el espacio público se convierte en un ámbito de disputa política y simbólica, en el que la capacidad de ocuparlo, mantenerlo e impedir su ocupación por parte del adversario se convierte también en un objetivo de la movilización», sostiene.
De los maestros a la vivienda
Un elemento que hace reflexionar a Sallent es la última manifestación en defensa de la vivienda el seis de octubre en Barcelona. Una convocatoria que, a su juicio, «superó con creces las previsiones más optimistas, con la asistencia de más de 20.000 personas». Una participación que se explica «probablemente» por el rechazo de los decretos en el Congreso y la posterior convocatoria de elecciones adelantadas el 29 de noviembre. Una manifestación que confirmaría el crecimiento de la protesta en la calle que se inició, según él, de sectores profesionales concretos.
«Los primeros síntomas de reanudación en el ejercicio del derecho de manifestación se produjeron en el ámbito de los conflictos laborales, primero en la sanidad y después en la enseñanza, donde se situó el máximo de movilización, con 35.000 personas, el 20 de marzo de 2026″, concreta Sallent. Unos datos que refuerzan el crecimiento de la conflictividad en Cataluña, después de la Covid y de la etapa «de enorme movilización que supuso el proceso independentista», cuando «la protesta entró en crisis como instrumento para alcanzar objetivos sociales y políticos». Una crisis generada porque se demostró que manifestaciones «grandes y continuadas» tienen «una capacidad limitada para traducir la movilización en el logro de los objetivos perseguidos».
Ahora bien, la orientación más social de la protesta, para Sallent, cambia el escenario y su intensidad. «Iniciamos una etapa en la que es previsible un incremento de la protesta y de la conflictividad en el espacio público», alerta. «Las movilizaciones serán más frecuentes, más diversas y más complejas de gestionar», subraya. En síntesis, razona que cada vez será más «exigente» garantizar simultáneamente el derecho de reunión y manifestación, la seguridad de las personas y los bienes y el orden público será cada vez más exigente.
La fragmentación
Por otro lado, Sallent asegura que las «movilizaciones serán más fragmentadas porque estamos inmersos en una cultura social que pone el énfasis en la diferenciación: se busca aquello que singulariza más que aquello que une». En esta línea, distingue que, en el ámbito político, hay una «mayor pluralidad de actores y de causas susceptibles de generar movilización». «Una fragmentación que», reflexiona Sallent, «conlleva más diferenciación, pero también más polarización: la movilización no se construye solo a favor de una determinada causa, sino también —y cada vez más— contra otra». De hecho, califica de ejemplo «las movilizaciones antifascistas». Esta fragmentación también haría aparecer nuevos espacios de conflicto y de protesta como el ecologismo y el primitivismo, el anarquismo y el nihilismo, así como las luchas por el territorio o contra determinados equipamientos tecnológicos, que «pueden convertirse en nuevos vectores de protesta emergente».
Todo esto en un escenario donde la conflictividad laboral continuará creciendo. «Las movilizaciones de los servicios de emergencias, del personal docente y de los profesionales sanitarios, junto con el anuncio de una huelga general, apuntan a una recuperación de la capacidad de movilización del movimiento laboral», advierte Sallent. Además, prevé que el incremento no se limitará a conflictos sectoriales,» sino que puede favorecer una extensión progresiva de la protesta a otros ámbitos y más coordinación entre diferentes colectivos». Es decir, «la protesta laboral puede convertirse, así, en uno de los principales motores de la conflictividad en el espacio público durante los próximos meses».
Además, hay que añadir el contexto político, siguiendo las previsiones de la configuración en la Moncloa de un ejecutivo del PP y Vox. Una circunstancia que hace prever que «una parte de la oposición política y social utilice la movilización en la calle como una estrategia de erosión del gobierno». «Esto podría contribuir a incrementar la frecuencia y la intensidad de las movilizaciones y a convertir determinados conflictos sociales en espacios de confrontación política», concluye el comisario en excedencia.
