La defensa del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ha presentado este miércoles por la noche el escrito con el que responde a la petición a las partes hecha por el juez instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, que les solicitó expresar lo que consideraran respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional que avala definitivamente la amnistía. Un escrito de 14 páginas al que ha tenido acceso El Món, de carácter absolutamente técnico que fundamenta su petición de aplicar la ley del olvido penal de manera urgente pero «serena». De hecho, el escrito deja «constancia» de la «disposición» de Puigdemont de «facilitar el cumplimiento de la sentencia por las vías ordinarias y con la menor carga posible para el órgano judicial».
«La ley persigue la normalización institucional, política y social en Cataluña, una finalidad cuya legitimidad ha reconocido el Tribunal Constitucional; su aplicación serena y sin dilaciones a quien presidió la Generalitat también sirve este objetivo», razona el escrito. El plazo para presentar el escrito terminaba, en trámite extraordinario, este jueves. Vox es la única que se opone a la petición de la aplicación de la amnistía. Tanto el ministerio fiscal como la Abogacía del Estado ya se mostraron favorables una vez se aprobó la ley. Por tanto, el abogado Gonzalo Boye plantea el trámite como una obligación jurisdiccional sin que afecte el trabajo realizado por el magistrado.
La malversación, como la define el TC
En resumen, el escrito presentado asegura que el magistrado solo debe declarar que «la malversación atribuida a Puigdemont está comprendida en el ámbito de aplicación de la ley, levantar de manera definitiva las órdenes de detención y las otras medidas cautelares acordadas en contra, como órgano que conoce la causa, y declarar terminado el sumario». Una petición que se extiende tanto a los consejeros Lluís Puig como Toni Comín.
De hecho, el escrito intenta deshacer los dos argumentos con los que el Tribunal Supremo se oponía a la aplicación de la amnistía. Por un lado, que los fondos provenían de la Unión Europea, hipótesis ya descartada por el mismo instructor una vez se comunicó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas. Y, por otro lado, la definición de malversación del TC, que corregía la elaborada por la sala penal con la intención de esquivar la aplicación de la ley del olvido penal para el independentismo. Una interpretación que consideraba enriquecimiento haber gastado dinero público en el referéndum.
Además, el escrito añade un detalle técnico destacable. Boye subraya que el TC ordena aplicar la amnistía sobre un relato de hechos probados, en tanto que Dolors Bassa ya fue condenada, y que aún más se debe hacer en una causa en investigación. «Si la exclusión no se podía sostener sobre un relato de hechos probados, con menos razón lo puede hacer sobre una imputación sumarial respecto de la cual rige plenamente la presunción de inocencia», argumenta el escrito. En definitiva, el escrito de alegaciones ofrece al juez una pista de aterrizaje para aplicar la amnistía de manera precisa y como barrera a las peticiones de Vox.
